María* tiene un tic en el ojo derecho. Desde que los agentes de ICE aparecieron en las calles de Doral, ese movimiento involuntario se volvió casi constante, hasta que un día sintió que la mitad de su rostro se paralizaba.
Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, y durante siete años ha sido el hogar de María, su esposo y sus hijas.
También es la ciudad con la mayor población venezolana de Estados Unidos y una de las más custodiadas durante los últimos meses por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de la promesa del gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar el mayor operativo de deportación en la historia del país.
Con un caso de asilo pendiente, esta mujer venezolana de 52 años cambió su rutina para minimizar la posibilidad de toparse con patrullas de ICE en las esquinas de Doral, temerosa de ser detenida si las autoridades vinculan su estatus migratorio con la placa de su auto.
«Nosotros pedimos asilo afirmativo y el caso nunca cambió de estatus porque no hemos tenido ni siquiera la entrevista. Pero el caso está activo», explica.
Asilo afirmativo significa que María solicitó voluntariamente esta protección. Las leyes vigentes establecen que ella y su familia deberían estar protegidos contra la deportación mientras esperan la decisión de un juez o de un oficial de migración sobre su caso.
Pero desde que ICE se llevó a su primo en Orlando en junio, pese a que también tenía un caso de asilo afirmativo, María siente que el riesgo de deportación es elevado.
«Es como si me faltara el aire»
En un esfuerzo por conservar su trabajo, solo sale a la calle para ir a la oficina. Dejó de caminar por el parque cercano, abandonó sus clases de baile y no volvió a asistir a reuniones sociales.
Cada vez que una madre de la escuela se ofrece a llevar a su hija a clases, María acepta agradecida. Suele ser otra mujer venezolana que dispone de ciudadanía estadounidense y busca a los niños de otras familias que también se sienten amenazadas.
«Todo este año he estado muy asustada. Mis pasos están súper restringidos, no estoy haciendo ninguna actividad extracurricular. Ya no puedo más con esto, no me estoy sintiendo bien», cuenta en una llamada telefónica.
Antes de salir de casa, revisa portales como iceout.org o cuentas que reportan noticias de Doral para verificar si hay reportes del lugar exacto por donde transitan las patrullas de ICE.
Sentada en el puesto del copiloto mientras su esposo conduce, María siente que su corazón se acelera. En un intento por apaciguar la angustia, instaló una aplicación en los teléfonos de su esposo y sus hijas para monitorear dónde están en todo momento.
«Cada vez que la aplicación suena y dice que alguien llegó a la casa, yo respiro. Desde que tengo esta ansiedad, aguanto la respiración. Es como si me faltara el aire, como si estuviera bajo el agua».
La sensación se parece a lo que María experimentaba antes de emigrar de Venezuela.
«Siento que esto es como un secuestro. Me siento como en Caracas cuando estaban los secuestros exprés», dice en referencia a la época en la que los delincuentes retenían a sus víctimas para vaciar el dinero de sus cuentas a través de cajeros automáticos o robar pertenencias en sus casas.
«Nos quedamos aquí y punto»
Fue justamente un secuestro lo que empujó a María a quedarse en Estados Unidos.
La familia llegó a Miami en 2019, después de que unos hombres armados obligaran a su esposo, bioanalista en un laboratorio privado en Caracas, a prestarles servicio en medio de un apagón nacional que afectó durante días a casi todos los estados de Venezuela.
«Entraron al laboratorio pidiendo que les hicieran unos exámenes y mi esposo les dijo que la planta eléctrica era para la terapia intensiva y la emergencia de la clínica. Pero ellos sacaron las armas y lo amenazaron para que les hiciera los tests», recuerda María.
«Él tuvo que hacerles todos los exámenes y procesarlos. Le dijeron que si no lo hacía, lo iban a matar».
En los días siguientes, el esposo de María vio a aquellos hombres a bordo de motocicletas en semáforos cercanos a la clínica donde trabajaba. Se movían a cara descubierta.
Aunque nunca pudo confirmarlo, la pareja sospechaba que eran «colectivos», como se conoce en Venezuela a los miembros de grupos paramilitares afines al chavismo. Seguir leyendo: BBC