En 1979, Lorenzo Sánchez tomó una decisión que cambiaría su vida. El adolescente, nacido en Guantánamo (Cuba), estudiaba para convertirse en mecánico de ensamblaje de maquinaria pesada. Fue entonces cuando, según recuerda, el Gobierno de Fidel Castro comenzó a “seguirlo” por los ideales políticos que profesaba. Decidió salir del país en barco y completamente solo, rumbo a un destino esperanzador: Estados Unidos. A sus ojos, una tierra de oportunidades económicas y un refugio de la violencia en el que pensó que sería libre.
Castro había llegado al poder en 1959, un año antes de que Sánchez naciera. Bajo su liderazgo, Cuba se transformó rápidamente, pasando de una fuerte dependencia económica de los Estados Unidos a un modelo socialista centralizado. El embargo estadounidense impuesto en 1962, junto con el aumento de la tensión entre ambos países, terminó aislando aún más la economía de la isla. Ante esto, el Gobierno cubano comenzó a restringir la emigración de sus ciudadanos, con el objetivo de contener a la oposición y evitar perder a trabajadores capacitados.
La tensión social alcanzó su punto álgido en abril de 1989. En respuesta, Castro habilitó el puerto del Mariel para todas aquellas personas que quisieran emigrar, iniciando así el histórico éxodo del Mariel. Sánchez formó parte de los casi 125.000 cubanos que llegaron a Estados Unidos ese año, de los cuales aproximadamente 85.000 se asentaron en Miami y en el área sur de Florida.
Sánchez llegó a Miami (Florida) sin familia y sin un plan. Recuerda que en ese momento los recibieron oficiales estadounidenses, grupos religiosos y la sociedad civil, quienes se habían organizado para darle la bienvenida a los “Marielitos” en cuanto llegaran. Semanas después fueron enviados a Wisconsin, donde el gobierno les proveyó de albergue, comida y “hasta cigarros”, relata con una sonrisa.
Con el paso de los años, la mayoría de los “Marielitos” se convirtieron en residentes y ciudadanos estadounidenses. En 1985, Sánchez hizo lo propio y solicitó la residencia. Llevaba meses aprendiendo inglés, trabajando en un museo y una escuela. Pero su solicitud fue rechazada. “No sé por qué”, dijo, “[entonces] No había cometido ningún delito”. Aún con este rechazo, podía permanecer en el país gracias a su permiso de trabajo, con el requisito de que acudiera cada mes a firmar ante la autoridad migratoria.
En 1991, una pelea callejera con un ciudadano estadounidense terminó con una condena de 36 meses de prisión para Sánchez. Sin embargo, decidió aprovechar su tiempo en prisión, que hoy recuerda incluso con cierta nostalgia, señalando que tras las rejas obtuvo distintos certificados; entre ellos, en construcción de gabinetes, lectura de planos y dibujo técnico. Tras ser liberado en 1994, dejó de acudir a sus revisiones mensuales ante las autoridades migratorias. Años después, se mudó a Florida. A lo largo de las décadas, Sánchez rehízo su vida.
“Los perros viven mejor y comen todos los días”
En junio de 2025, Sánchez fue arrestado mientras tomaba una cerveza en la playa, una práctica prohibida en algunas zonas de Florida, y posteriormente enviado a un centro de detención. Fue entonces cuando la revisión de sus antecedentes reveló que tenía una orden de deportación pendiente desde 1991, expedida tras su detención por la pelea callejera y después de que dejara de acudir a sus controles mensuales ante las autoridades migratorias.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo llevaron a un centro de detención en Miami. Un mes antes, la diabetes había provocado que le amputaran los dedos del pie izquierdo. Sánchez recuerda que, después de “una o dos semanas”, mientras aún se recuperaba de la cirugía, fue trasladado por las autoridades a un hospital en El Paso, Texas. Allí, funcionarios del Gobierno federal le comunicaron que sería deportado a Cuba. Resignado, no intentó oponerse.
Luego de ser dado de alta del nosocomio en El Paso, agentes fronterizos estadounidenses llevaron a Sánchez al sur de la frontera. Convencido de que se dirigía a su isla natal, Sánchez recibió un jarro de agua fría cuando, a mitad del trayecto, los agentes le comunicaron: “Tú vas para México. Cuba no los quiere”. Llegó a Piedras Negras, donde agentes migratorios mexicanos lo subieron a otro autobús, ahora con destino a Villahermosa, Tabasco; una ciudad que nunca había visitado y donde no conocía a nadie. Según Sánchez, este nuevo viaje le tomó tres días.
‘Forbidden Stories’ entrevistó a Sánchez en mayo de 2026, en Villahermosa, ciudad donde llevaba al menos cinco meses viviendo en la calle. Cuando llegó a México, pasó 150 días en el Albergue Amparito, un refugio humanitario privado que ofrece alojamiento temporal para quienes lo necesitan. Pero una vez vencido el tiempo máximo de estancia permitido en el albergue, Sánchez se quedó en la calle. Relató a nuestro consorcio que padecía de picaduras constantes de insectos, así como problemas para acceder a comida, agua y medicamentos.
“Los perros viven mejor y comen todos los días”, dijo sobre su experiencia en México. Además, explicó que aún se estaba recuperando de la cirugía. Esta complicación, sumada al hecho de que ya supera los 60 años, le impedía trabajar. “A veces pienso y digo: preferible estar abajo en la tierra, o muerto”, confesó.
Traslados al margen del derecho internacional
Donald Trump regresó a la Presidencia de los Estados Unidos en enero del 2025 e inmediatamente firmó diversas órdenes ejecutivas. La titulada “Asegurando nuestras Fronteras”, ordenaba al Departamento de Estado coordinarse con el fiscal general y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) e impulsar acuerdos internacionales que facilitaran las llamadas ‘expulsiones a terceros países’, evitando el proceso habitual de deportación hacia el país de origen de la persona.
Un informe emitido en febrero de 2026 por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos señala que el Gobierno había “ampliado drásticamente” estas prácticas, reflejando “un cambio preocupante en la forma en que Estados Unidos ejercía el poder”.
A lo largo de seis meses de investigación para “El Proyecto Deportación”, ‘Forbidden Stories’ analizó la política de “expulsión a terceros países” implementada por la Administración de Trump, que consiste en deportar a una persona a un país diferente al de nacimiento. Entre enero de 2025 y agosto de 2026, el Gobierno estadounidense expulsó a al menos 25.427 ciudadanos a un tercer país, negoció acuerdos confidenciales con 35 gobiernos y realizó deportaciones a 28 de esas naciones.
Sin derecho al “procesamiento de temor creíble”
Nuestra alianza internacional, conformada por 72 periodistas de 26 medios de comunicación, entrevistó a 35 personas que fueron deportadas a países con los que no tenían ningún vínculo. Conforme al derecho internacional, los Estados deben garantizar a quienes enfrentan una orden de expulsión la posibilidad de clamar un “temor fundado de persecución”, reconociendo así que existe una amenaza contra su vida, ya sea en su nación de origen o en un tercer país. Este proceso se conoce como “procesamiento de temor creíble” (“credible fear interview, CFI”, en inglés).
Según las leyes estadounidenses, cuando una persona sometida a una “expulsión inmediata” (un proceso migratorio acelerado que permite la deportación de personas extranjeras sin audiencia), le expresa a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o a ICE su intención de pedir asilo por temor a ser perseguido en su país natal, las autoridades deben otorgarle esta entrevista de procesamiento de temor creíble. Exigida por la ley estadounidense y conducida por un oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, la entrevista es fundamental en el trámite de asilo, ya que se trata de la oportunidad del solicitante para fundamentar los peligros que enfrentaría al ser devuelto. Seguir leyendo: France 24