A pesar de que hoy finalizará la histórica demolición de la primera de más de una docena de estructuras que personas construyeron ilegalmente en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, su directora Aixa Pabón Valentín advirtió que tomará muchos años mitigar el daño ambiental ocasionado. a los humedales y manglares del área.
Uno de los principales factores que complica la restauración del espacio es la necesidad de remover las toneladas de relleno depositadas en las parcelas para colocar ‘campers’ o erguir edificaciones como la que se encontraba en la parcela 41 y que fue derribada ayer con maquinaria pesada del municipio de salinas.
“Restaurar es un reto y sabemos que va a quedar como antes, pero por algún lado se empieza. En las áreas donde hay relleno, hay que pedir un permiso especial para remoción, ya que será necesario que las plantas puedan crecer nuevamente en estos espacios. Aquí quedan años de trabajo para que esta zona vuelva a brindar el servicio ecológico óptimo que necesitamos”, explicó a El Vocero la bióloga.
A esto se le suman las pruebas químicas que tendrán que realizar al material removido, porque será necesario establecer las condiciones del sedimento en términos de contaminantes para poder enviarlo a un vertedero.
Pabón Valentín, quien catalogó como un hecho histórico la demolición de construcciones ilegales en una reserva, reiteró la importancia de restaurar la bahía a su estado natural. El bosque costero que en el pasado delimitó la zona sirvió de barrera para evitar las inundaciones costeras generadas por la marejada ciclónica que se producen con el paso de un huracán.
“Los bosques costeros protegen hogares, comunidades y vida al minimizar la fuerza de oleaje y además son el hogar de importante vida silvestre, como la mariquita, que es una especie que está en peligro de extinción y organismos que dependen de un sistema saludable para su dieta, como las tortugas y el manatí antillano”, abundó.
Mensaje en contra de la impunidad
Pabón Valentín opinó que el inicio de la demolición de las estructuras construidas ilegalmente tras varios años de litigios en los tribunales del País envía un mensaje en contra de la impunidad.
“Hay unas lecciones aprendidas detrás de todo esto. Todavía hay mucho que mejorar en la parte administrativa y obviamente hay una falta de personal en las agencias que también dificulta el procesamiento de los casos. Ahora mismo también está ocurriendo una investigación a nivel federal por lo que comenzarán surgiendo más acusaciones en ese lado sobre el crimen ambiental que ocurrió aquí”, indicó.
La demolición de la estructura es el resultado de un extenso proceso judicial entablado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra Miguel Flores, quien alegaba ser el dueño del espacio protegido y ahora debe pagar $18,500 para sufragar los trabajos.
Fue a finales de abril del 2022 que la agencia demandó a Flores y otras 11 personas que ocuparon ilegalmente terrenos de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos con miras a desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación.
El resto de los demandados son: Jorge Oppenheimer Méndez, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz.
Regresaron los ‘campers’
Sin embargo, la representante Mariana Nogales Molinelli comentó a El Vocero que el resto de los demandados apelaron la determinación de la corte, por lo que las demoliciones de sus estructuras todavía están pendientes, al tiempo que denunció que muchas de las parcelas están nuevamente llenas de ‘campistas’.
“Aquí Recursos Naturales necesita mayor presencia y necesita mayor número de vigilantes, personal y recursos en la reserva para que puedan brindar la vigilancia adecuada. También las comunidades deben continuar con su lucha para recuperar este espacio”, opinó la legisladora.
Nogales Molinelli sostuvo que el gobierno tiene que dar el ejemplo y continuar supervisando las acciones que se llevan a cabo en la reserva para evitar enviar el mensaje equivocado de que “es mejor pedir perdón que permiso”.
“Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en términos generales con la construcción en toda la Isla, ya que no hay una campaña educativa sobre la importancia de nuestros recursos naturales e infraestructura verde. Es bien preocupante que estemos haciendo las cosas sin orden o planificación, ya que estamos dejando un país aún más desorganizado de lo que ya está a futuras generaciones”, concluyó.
Paralelo a los casos en el foro estatal, cuatro personas han sido acusadas por la fiscalía federal por violar la Ley federal de Agua Limpia (Clearwater Act, en inglés) al construir ilegalmente estructuras -incluidos muelles- y depositado material de relleno en humedales. Fuente: El Vocero.