En el 2025, los gastos tributarios en Puerto Rico, dinero que se dejó de recaudar a través de exenciones, créditos y tasas contributivas preferenciales, representaron $30,927 millones, superando porcentualmente a toda la nación estadounidense, así como otras jurisdicciones a nivel mundial.
Así se desprende de la más reciente publicación de Espacios Abiertos (EA), que analiza el informe del Puerto Rico Tax Expenditure Report (PRTER 2025) del Departamento de Hacienda, que se publicó en junio del 2025, luego de una pausa de dos años, cuando se publicó el segundo informe.
Esto representa un aumento en comparación con el gasto reportado en el primer informe en el 2017, cuando los gastos tributarios alcanzaron los $22,344 millones.
“Hemos visto un aumento en esos gastos tributarios que van acorde un poco con la política internacional, donde hemos visto que muchos países y muchos estados se han movido a apostar por los gastos tributarios como una estrategia de desarrollo económico”, señaló Wilmari de Jesús, analista de política pública de Espacios Abiertos y coautora del informe.
No obstante, este monto representa cerca de 35.3% del producto nacional bruto (PNB) de la Isla en 2025, o 24% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción mayor que el promedio internacional y superior a la de cualquier país o estado incluido en las comparaciones disponibles.
A modo de ejemplo, en el caso de Rusia representaron el 14% del PIB; Países Bajos, 14.18%; Finlandia, 11.65%; Australia, 8.21%; y Suecia, 7.56%. Mientras, en los estados de Estados Unidos, le siguieron Iowa, con 14.1% del PIB; Montana, 11.7%; Wisconsin, 9.6%; y Maine, 9.4%.
Los gastos principales incluyen los incentivos industriales bajo las Leyes 135, 73 y 60 (TEB-214, $14,681 millones), la exención para inversionistas individuales residentes bajo la Ley 22 (TEB-90, $2,537 millones), y la exención de contribución sobre ingresos de individuos (TEB-71, $2,729 millones), que en conjunto representan casi $20,000 millones, equivalente a cerca del 64.5% del total de gastos tributarios, con proyecciones al alza hacia 2030.
Urge más análisis
“El gobierno retomó la publicación del informe oficial de gastos tributarios, lo cual es un paso positivo, pero todavía carecemos de evaluaciones que permitan determinar si estos beneficios funcionan o si constituyen la mejor forma de utilizar los recursos públicos”, dijo De Jesús.
Informó que los análisis al respecto se han limitado a estudios privados y a un estudio que condujo el Departamento de Destello Económico y Comercio en el 2022, sobre el retorno de inversión (ROI) de los incentivos contributivos programa.
Del mismo modo, confirmó que el PRTER del Departamento de Hacienda no está obligado por ley a publicarse anualmente, lo que podría provocar que en algunos años la información no se haga pública.
Al respecto, el economista Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de EA, explicó que la falta de información básica impide un análisis fiscal responsable.
“Casi cuatro de cada diez gastos tributarios no cuentan con estimaciones de costo fiscal. Esto convierte una parte importante de la política económica del País en un presupuesto que opera fuera del escrutinio público”, afirmó.
A su juicio, los incentivos contributivos se pueden considerar una herramienta legítima, siempre y cuando estén bien diseñados y oportunamente evaluados, pero esa misma herramienta, cuando no se fiscaliza ni se evalúa, puede terminar operando en sentido contrario, comprometiendo los recursos que harían falta en otras áreas.
“La pregunta entonces no es si Puerto Rico debe tener o no incentivos. La pregunta es cómo aseguramos que cada uno cumpla con el objetivo de política pública que justificó su creación”, expresó Santamaría Ots.
En una entrevista por separado, el economista Adrián Alós, de la firma Abexus Analytics, coincidió en que hace falta más análisis.
“Una de las limitaciones que te da ese Tax Expenditure Report es que simplemente dice la cantidad que hubiesen tenido que pagar los individuos o las corporaciones hubiesen estado sujetos a las tasas regulares”, mencionó.
A su juicio, algunos incentivos pueden ser necesarios para atraer inversión o mantener industrias, como la manufactura, especialmente considerando que Puerto Rico compite con otras jurisdicciones.
Al mismo tiempo, reconoció que no todos los incentivos son iguales: algunos pueden funcionar como inversión (si generan empleo y actividad económica), mientras otros pueden ser más bien subsidios a empresas que hubiesen operado de todos modos.
Por eso, insistió en que el análisis debe ser más profundo y diferenciado, incluyendo impacto económico, social e incluso regional.
Acorde con el secretario del DDEC, Sebastian Negrón Reichard, el estudio de EA aunque loable, parte de unas premisas conceptuales erróneas. A su juicio, el referido estudio enmarca todo gasto tributario como originario de un solo código contributivo, obviando la existencia de tres códigos que inciden sobre los aspectos contributivos en Puerto Rico: el Código de Rentas Internas, el Código de Incentivos y el Código Municipal.
“El DDEC se encuentra analizando de manera comprensiva el reporte de Espacios Abiertos, al cual responderemos oportunamente. El mismo incluye ciertas premisas equivocadas y generalizaciones, incluyendo mezclar conceptos y obviando tomar conocimiento de las gestiones que se han realizado desde el 2025 bajo la presente administración dirigida a levantar data necesaria para generar nuevos informes de incentivos y evaluación de retorno de inversión. Hasta el 2024 solo estaban disponibles para presentación Informes Anuales de Negocios Exentos (“IANEs”) en cinco programas y durante el 2025 se crearon IANEs para todos los 20 programas de incentivos administrados por la Oficina de Incentivos para Negocios (“OIN”) del DDEC, cuales con relación al año contributivo 2024 vencían entre 15 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, conforme requerido en ley, según los decretos y las publicaciones oficiales de la agencia”, afirmó el funcionario.
El último análisis de ROI publicado por el DDEC fue en el 2024 con los datos disponibles hasta 2022.
Negrón Reichard aseguró, que actualmente, la Oficina de Estrategia e Inteligencia de Negocios se encuentra desarrollando el informe de incentivos con relación a los años contributivos 2023 y 2024 junto con la Oficina de Incentivos para Negocios. El mismo debe estar listo y será enviado a La Fortaleza y la Legislatura en las próximas semanas.
El Vocero solicitó una reacción del Departamento de Hacienda pero al cierre de la edición no había contestado. Fuente: El Vocero