¿Cuánto dinero necesita un gobierno para controlar, domesticar o por lo menos reducir la capacidad crítica de una parte de la prensa? La respuesta no puede encontrarse solamente revisando cuánto paga el Estado por anuncios en periódicos, radio, televisión y medios digitales. El verdadero costo puede ser mucho mayor.
En República Dominicana, el presupuesto de 2025 llegó a contemplar más de RD$10,000 millones dentro del renglón de publicidad, impresión y encuadernación. Es una cantidad considerable para un país de su tamaño. Sin embargo, aun esa cifra ofrece una visión incompleta de los recursos públicos que terminan vinculados, directa o indirectamente, al mundo de la comunicación.
La relación económica entre el Estado y los medios tiene muchas puertas.
Está la publicidad oficial, naturalmente. Pero también existen contratos de producción audiovisual, asesorías, relaciones públicas, impresión, organización de eventos, manejo de redes sociales y servicios profesionales. A ello pueden sumarse contrataciones de empresas pertenecientes a propietarios de medios, periodistas, comunicadores o personas relacionadas con ellos.
Y existen otras operaciones que difícilmente aparecerían bajo la palabra “publicidad”: venta o alquiler de propiedades, adquisición de bienes y servicios, concesiones, nombramientos, consultorías y negocios realizados con instituciones descentralizadas o empresas estatales.
Nada de esto constituye, por sí solo, un acto ilícito.
Un empresario de medios tiene derecho a hacer negocios con el Estado si cumple las leyes. Un periodista puede prestar legítimamente determinados servicios profesionales. Una empresa de comunicación puede ganar una licitación pública.
El problema comienza cuando esas relaciones económicas dejan de ser transparentes o cuando adquieren tal dimensión que surge una pregunta inevitable: ¿puede fiscalizar con verdadera independencia al Gobierno un medio económicamente dependiente de ese mismo Gobierno?
Ahí está el conflicto ético.
La libertad de prensa no desaparece solamente cuando un gobernante cierra un periódico, encarcela periodistas o censura una estación de televisión. También puede deteriorarse de una manera mucho más silenciosa: cuando el poder político se convierte en uno de los principales financiadores del sistema informativo que debería vigilarlo.
Entonces aparece la autocensura. Hay temas que dejan de investigarse, funcionarios que reciben un tratamiento privilegiado, escándalos que duran solamente unas horas y preguntas que nunca llegan a formularse.
Por eso, conocer cuánto gasta el Gobierno en publicidad es apenas el comienzo.
También habría que determinar hasta dónde se extienden las relaciones económicas entre el Estado y personas vinculadas al mundo de la prensa. En ese universo pueden encontrarse hijos, hermanos, esposas, esposos y otros familiares de propietarios de medios, periodistas o comunicadores que mantienen relaciones laborales, comerciales o contractuales con instituciones públicas. La existencia de esos vínculos no demuestra por sí misma ninguna irregularidad, pero su transparencia es indispensable cuando puede existir un conflicto de interés.
La sociedad necesita saber cuánto dinero público reciben los medios de comunicación, quiénes son sus beneficiarios finales, qué otras empresas poseen sus propietarios, qué contratos mantienen con instituciones públicas y cuáles mecanismos existen para evitar conflictos de interés. Y la propia prensa debería estar interesada en esa transparencia.