El desarrollo de un Banco de Tierras Comunitarias podría ser una de las maneras más rápidas y eficientes de atender las propiedades abandonadas y mitigar la crisis de vivienda en la Isla, señaló Luis Gallardo, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat.
Según explicó a El Vocero Kim Graziani, vicepresidenta de la organización Iniciativa de Comunidades Vulnerables (VCI, en inglés), los bancos de tierras comunitarias son entidades, como organizaciones sin fines de lucro o una autoridad municipal, que se dedican exclusivamente a rehabilitar inmuebles abandonados a beneficio de la comunidad.
“Sin duda alguna, rehabilitar y reutilizar espacios vacíos y abandonados, al menos en nuestra organización, es nuestra primera prioridad, y, en mi opinión, la forma más rápida, eficiente y, diría incluso, ecológica de abordar la crisis de vivienda… Así que sí, definitivamente las propiedades vacías y abandonadas pueden y deben utilizarse para atacar la crisis de vivienda”, puntualizó Gallardo.
Subrayó que hay suficientes estructuras abandonadas para proveer vivienda “a todos los que tienen un vale de R3 (y) a todos los que están” buscando comprar una residencia.
Una de múltiples herramientas
No obstante, Graziani enfatizó que los bancos de tierras comunitarias son solo uno de los instrumentos que deben utilizarse para atender el problema de estorbos públicos.
“(El banco de tierras) es una herramienta nueva que debe considerarse simplemente como una de las herramientas de una caja de herramientas para atender estos bienes abandonados y deteriorados y encontrar formas de satisfacer las necesidades públicas, incluyendo la vivienda”, afirmó, por su parte, el fundador de VCI, el licenciado Frank Alexander.
El también profesor de Derecho, quien trabaja con la iniciativa desde la década del 1990, logrando establecer alrededor de 350 bancos de tierras en unos 20 estados, puntualizó que no siempre recomienda que se utilicen esta herramienta para desarrollar más viviendas, ya que cada comunidad debe hacer un análisis para determinar cómo sacarles mejor provecho a las propiedades abandonadas.
“En la mayoría de las comunidades en las que trabajamos en los estados, el objetivo principal es la creación de nuevas viviendas asequibles. Pero, en algunas jurisdicciones, … la mayor necesidad ha sido la de espacios comerciales para supermercados o farmacias… La forma en que diseñamos la legislación de los bancos de tierras es asegurarnos de que el nuevo uso lo determine la entidad que lo crea. En el caso de Puerto Rico, es a nivel municipal, con la junta consultora de la comunidad”, explicó Frank.
Gestión comunitaria
El director del CRH detalló que, en Puerto Rico, se crearon bancos de tierras mediante ordenanza municipal en Vega Baja, Toa Baja y Hormigueros, y otros cinco pueblos se encaminan a desarrollar otros.
Aunque el banco de tierras es una iniciativa del municipio, Gallardo explicó que la gestión cae en la comunidad, ya que la junta está conformada principalmente por residentes, líderes comunitarios y otros miembros de la comunidad, al igual que por el alcalde o un representante, según dispone el artículo 4.005 del Código Municipal.
“La junta del banco de tierras luego crea políticas y procedimientos para la adquisición del inventario (abandonado), según la necesidad y la ubicación. También crean políticas para la gestión del inventario, el alcance de la remediación o rehabilitación. A continuación, el consejo del banco de tierras establece las políticas sobre quién recibe esos terrenos, ya sea el gobierno local, organizaciones sin fines de lucro u otros”, abundó Frank.
En el caso del Municipio Autónomo de Vega Baja, la ordenanza municipal que creó el banco de tierra en el pueblo dispone que la rehabilitación de estorbos públicos debe aplicar “el siguiente rango de prioridades para el uso del proyecto”: lugares y espacios de uso público comunes; reducción de inundaciones, retención de aguas de correntías, drenaje y resiliencia de tormentas; programa de vivienda asequible; desarrollo económico-comunitario; embellecimiento, arte público, parques y recreaciones; conservación; fideicomisos de tierras; y, finalmente, “cualquier otro uso”.
“Es una decisión que varía entre jurisdicciones. Y, como dijo Frank, es solo una herramienta y no se deben descartar otras. En Vega Baja, por ejemplo, hay casos en los que ambos el municipio y el banco de tierras han optado por no enviar (un caso) al banco de tierras porque es mejor para el municipio demolerlo… Así que yo diría que, si estás en una comunidad que tiene una alta tasa de abandono, que tienes un alcalde que entiende que hay una necesidad de vivienda asequible dentro de la comunidad y … si tienes acceso a oportunidades de financiación… deberías considerar seriamente el banco de tierras como modelo”, concluyó Gallardo. Fuente: El Vocero.