Aunque el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, tiene una dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para continuar con su práctica privada mientras se encarga de los asuntos salubristas del País, el contrato que suscribió con el doctor Javier Cuevas Marrero para asesoría podría tener visos de “conflicto de interés” según varios expertos consultados por El Vocero.
Y es que mientras Cuevas Marrero asesora al secretario de Salud, el secretario a su vez trabaja en la corporación que su asesor preside, GHP C.S.P. ofreciendo servicios médicos a pacientes.
Según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el 29 de enero del 2025, el Departamento de Salud otorgó un contrato por servicios de consultoría “Ad-Honorem” (sin retribución económica) a Cuevas Marrero. El contrato lleva la firma de Ramos Otero.
Una semana después, el 4 de febrero del 2025, la OEG notificó al secretario la concesión de una dispensa solicitada el 7 de enero para “continuar ofreciendo servicios médicos a sus pacientes a través de la corporación GHP C.S.P., con la que mantiene un contrato de servicios profesionales”.
El registro de corporaciones del Departamento de Estado establece que Javier Cuevas Marrero es presidente, subsecretario y subtesorero de GHP C.S.P., una entidad profesional con fines de lucro que en su informe anual de estado de situación del 2024 informó tener activos ascendentes a $1,936,771.
De acuerdo a la notificación, Ramos Otero remitió a OEG un documento en el que aseguraba que se inhibiría de todo asunto relacionado con la compañía presidida por Cuevas Marrero y afirmó que delegaría “todos los asuntos relacionados con GHP, que de ordinario pudieran estar ante su consideración, en la doctora Iris Cardona Gerena, principal oficial médico del Departamento”.
Asimismo, el secretario informó a OEG que la compañía de Cuevas Marrero tendría a su cargo facturar por todos los servicios ofrecidos y le remitiría entonces “un pago mensual según acordado en el contrato de servicios profesionales”.
“Tenemos espacio para investigar en caso de que el secretario haya intervenido en un asunto con su firma en algo que está inhibido. En ese tipo de asunto, nuestra oficina tendría jurisdicción para entrar”, indicó a El Vocero el director ejecutivo de OEG, Luis A. Pérez Vargas, al tiempo que detalló que a pesar de que cuenta con información, está impedido de iniciar una pesquisa para lo cual necesitaría un referido de parte de otra entidad gubernamental como las oficinas del Inspector General (OIG) o el Contralor o querellas que podría formalizarse en caso de que los abogados de OEG determinen que existe una potencial violación a la ley.
El directivo planteó que debido a que Cuevas Marrero preside una empresa para la cual el secretario está contratado para brindar servicios de salud a través de una dispensa existe “una relación de negocios entre ellos”.
“En este caso, debido a que el secretario tiene un contrato con esta compañía, no puede intervenir en cualquier asunto ante el Departamento porque entonces existiría un conflicto de interés, ya que recibe un pago de parte de ellos y tienen una relación de negocios”, subrayó el jefe de OEG.
“Que yo sepa o que haya trascendido que existe un planteamiento en contra de él (Ramos Otero), no tengo conocimiento, pero en términos de planteamientos que puedan llegar a una adjudicación en la agencia, no entro en esa parte”, sostuvo.
Aunque el artículo 1.2 (n) de la Ley Orgánica de la OEG define conflicto de intereses como “aquella situación en la que el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público, Pérez Vargas advirtió que la determinación final dependerá del tipo de contratación y el grado de intervención del funcionario inhibido.
“Hemos tenido casos recientes en los que el tribunal nos ha dicho que una mera firma no representa beneficio perfecto”, añadió.
El contrato firmado por Ramos Otero a nombre de la agencia detalla los servicios que el presidente de GHP C.S.P. se comprometió a realizar como “asesor en política pública y asuntos administrativos” incluyendo realizar evaluaciones y recomendaciones sobre distintos aspectos en el área de la salud y participar en aquellas reuniones o comités a los que sea asignado por el secretario.
“Acción antiética”
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el cardiólogo Carlos Díaz Vélez, indicó que, aunque las dispensas para continuar ofreciendo servicios de salud en la secretaría de Salud han sido uso y costumbre en Puerto Rico, existen límites a dicha concesión.
“Cualquier persona que ocupe este cargo y se le conceda esta concesión debe mantener al grupo privado fuera de lo que es la secretaría de salud. Eso está claro, ya que, de lo contrario, sería una acción antiética debido a que es imposible trabajar para una cooperación, como pediatra, cardiólogo, etcétera, y luego contratar a la misma compañía bajo el Departamento, ya que estaría contratando a una entidad para la cual ya estás trabajando”, subrayó Díaz Vélez.
El Vocero solicitó una reacción al secretario de Salud con relación a si consultó con el equipo legal de la agencia el contrato otorgado al doctor Javier Cuevas Marrero a lo cual no hubo una respuesta al cierre de esta edición.
Defiende evaluación a Anthonieska
La dispensa otorgada por OIG a Ramos Otero acaparó la atención nacional el miércoles pasado luego de que se diera a conocer que Ramos Otero acudió al hospital psiquiátrico en el que estaba recluida la menor Anthonieska Avilés Cabrera -imputada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario- para evaluarla.
Tras una conferencia de prensa, el funcionario justificó ayer la acción al aseverar que habló con “como cinco” pediatras “bastante cercanos” para que realizaran la evaluación ante la falta de este tipo de especialista en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) que es la dependencia que maneja la institución psiquiátrica.
“Yo tengo una dispensa para atender pacientes y dondequiera que un niño necesite mis servicios allí, yo voy a estar porque soy pediatra antes que cualquier cosa”, sostuvo Ramos Otero, quien agregó que “la gente puede buscarle la quinta pata al gato, sobre todo los que le encanta crear controversias estériles”.
Otras dispensas
En cuanto a otros funcionarios de la actual administración que recibieron dispensas de OEG, Pérez Vargas mencionó que al director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), el licenciado Eduardo Soria Rivera, se le permitió comparecer como perito en varios procesos judiciales que están pendiente tanto en la esfera local como federal.
“Deberá solicitar al Tribunal correspondiente el relevo como perito de los casos que tiene pendiente. De no recibir el aval del Tribunal, se le permite comparecer como perito solo en los casos mencionados. No podrá comparecer como perito ni como representante legal en cualquier otro caso privado mientras sea servidor público”, reza la dispensa otorgada a Soria Rivera en marzo del 2025.
La otra funcionaria que obtuvo una dispensa -también para fungir como perito en juicios en curso-fue la recién confirmada contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, que la solicitó mientras ocupó la presidencia del Banco de Desarrollo Económico. Fuente: El Vocero