En la pequeña isla caribeña de Barbuda, el Pink Sands Beach Bar recibió a locales —y ocasionalmente a algún turista— durante más de 20 años.
«Era un lugar muy acogedor», afirma Miranda Beazer, su antigua propietaria, al describir cómo la gente solía reunirse allí para jugar al dominó o relajarse después de la iglesia los domingos.
Nombrado por la arena de tonos rosados sobre la que se levantaba, el bar era un pilar fundamental de la comunidad local, hasta que el huracán Irma azotó la isla en 2017, cuando los aproximadamente 2.000 habitantes de Barbuda fueron evacuados a la isla vecina, Antigua.
El bar de Miranda —y su casa— quedaron destruidos. «No hubo nadie que saliera ileso (…) fue devastador. Lloré durante dos semanas», relata.
Antes de que el bar pudiera reconstruirse, su esposo murió.
Desarrolladores extranjeros empezaron a ofrecerle grandes sumas de dinero por su terreno, pero ella las rechazó todas.
«No busco el dinero», asegura Miranda. «Lo que realmente quiero es conservar mi tierra».
Luego llegaron las excavadoras.
Lo que quedaba del bar tras el huracán fue demolido por desarrolladores extranjeros, según denuncia Miranda.
Desde entonces, ella mantiene una batalla legal para recuperar el acceso a lo que, sostiene, es su terreno.
Sin embargo, esto resulta complejo debido a las leyes de propiedad en Antigua y Barbuda.
Propiedad colectiva
La propiedad de la tierra en Barbuda es colectiva, lo que significa que los ciudadanos tienen derecho a ocupar una parcela solicitando un arrendamiento, aunque técnicamente no son propietarios privados.
Al mismo tiempo, los ciudadanos comparten el derecho colectivo a ser consultados y a tener la última palabra sobre grandes proyectos de desarrollo.
El sistema de propiedad se estableció tras el fin de la esclavitud en Barbuda en 1834 y el gobierno de Antigua y Barbuda lo reconoció oficialmente en 2007, cuando se aprobó la Ley de Tierras de Barbuda.
Miranda dice que posee el arrendamiento de 12 hectáreas de costa, pero actualmente solo tiene acceso a tres.
La Global Legal Action Network (GLAN), una red de abogados que respalda su caso, sostiene que el resto del terreno está ocupado ilegalmente por los desarrolladores extranjeros Murbee Resorts y Peace Love and Happiness (PLH). Seguir leyendo: BBC