Conocedores del proceso de privatización de la operación de la red eléctrica advirtieron que el Gobierno podría verse en la obligación de asumir la operación del componente de transmisión y distribución de no encontrar un sustituto de LUMA Energy en caso de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declare nulo el contrato suplementario que le fue otorgado a la empresa en 2022.
El abogado especializado en temas de energía, Ramón Luis Nieves Pérez, destacó que la postura que el gobierno ha esbozado ante el máximo foro judicial a través de dos demandas —una a nombre de la gobernadora Jenniffer González Colón y la segunda por las autoridades Para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y Energía Eléctrica (AEE)— contempla la nulidad de todo el acuerdo, incluyendo cualquier cláusula de transición.
La AEE y la AAPP solicitaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que anule la extensión contractual que ha permitido a LUMA Energy continuar operando la red eléctrica bajo un acuerdo provisional y que ordene el inicio de una transición de 12 meses.
“El tribunal necesariamente va a tener que diseñar un proceso para encaminar una transición hacia otro operador privado, pero queda la pregunta de si el Gobierno no encuentra un privado que esté interesado en esto o los que aparecen son demasiado caros; entonces la política pública tendría que girar en torno a volver a la operación gubernamental del sistema eléctrico”, señaló el también exsenador.
A juicio del abogado, un fallo en favor del Gobierno afectaría su imagen al momento de establecer acuerdos de APP, lo que redundaría en una disminución en la cantidad de participantes en procesos de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y que los proponentes se vean forzados a aumentar el renglón de gastos de sus propuestas debido al grado de incertidumbre que quedaría establecido por el precedente de la anulación de un contrato a instancias de su propio proponente, al tiempo que puntualizó que los argumentos presentados ante el Supremo por el Gobierno nada tienen que ver con incumplimientos contractuales o pobre desempeño por parte de LUMA, sino que representan una admisión de errores cometidos en el pasado por la AAPP al momento de extender y modificar el contrato otorgado al operador.
El precedente de ONDEO
Nieves Pérez recordó que ya existe un precedente con relación a cancelaciones de acuerdos bajo el modelo de alianzas público-privadas (APP) y es que en 2004 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) regresó a manos públicas tras 18 meses de haber sido operada por la empresa ONDEO de Puerto Rico.
A diferencia de la situación actual, en ese entonces las partes acordaron dar por terminado el contrato y establecieron un período de transición (16 de enero de 2004 al 31 de marzo de 2004) y, luego, la operación y mantenimiento de los activos de la corporación pública retornaron al gobierno de Puerto Rico.
“En este caso, un retorno del componente de la red eléctrica podría chocar con la política pública de la Junta de Control Fiscal (JCF) y seguramente podría tener un impacto en el proceso de quiebra que no terminaba aún, pero la realidad al final del día es que el dueño del sistema eléctrico es el pueblo de Puerto Rico representado por AEE”, resaltó.
En ese sentido, Nieves Pérez mencionó que la reforma del sistema eléctrico que se trabajó entre 2014 y 2016 estaba basada en un modelo público bajo un regulador, lo que ahora se conoce como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y una Junta de Gobierno “profesionalizada y despolitizada” con participación del interés público. Seguir leyendo: El Vocero