El Proyecto de la Cámara 1053, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley General de Expropiación Forzosa para “autorizar a los municipios a llevar acciones de expropiación forzosa contra bienes inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos” sin la comparecencia inmediata de los propietarios, no solo adelanta a los ayuntamientos el proceso de expropiación, sino que también pudiese ayudar a resolver la crisis de vivienda en la Isla, afirmaron especialistas entrevistados por El Vocero.
No obstante, los entrevistados señalaron que no solo dependerá de los municipios asegurar que la ley, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado lunes, no quede como letra muerta, sino que también corresponde a los alcaldes establecer planes concretos sobre cómo atenderían el problema de acceso a vivienda asequible en sus pueblos.
“Uno de los cambios importantes de la ley es que yo, municipio, voy a expropiar la propiedad, pero los fondos no los tengo que poner en el tribunal hasta que aparezca alguien reclamando (la propiedad). Eso quiere decir que, si nadie aparece, no puse nada. Si pasan 10 años, son 10 años que me ahorré de tenerlos congelados en el tribunal”, explicó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el licenciado Manuel Quilichini.
“Esta ley haría que el municipio no tenga que entrar en el proceso de consignar dinero, porque el problema es que a veces no tenemos ni a la persona que es y, si no tenemos a la persona que es, pues no podemos consignarlo en el tribunal”, señaló, por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, quien recalcó que uno de los mayores problemas que enfrentan los municipios actualmente durante el proceso de expropiación de estorbos públicos es que los dueños de las propiedades, en muchas ocasiones, no aparecen.
Ambos, el presidente de la Asociación de Alcaldes y Quilichini, puntualizaron que, aunque las nuevas enmiendas al Código Municipal representan un alivio económico para los municipios, no les exime de pagar la justa compensación si en algún momento aparecieran los propietarios.
Aunque el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas expresó preocupación de qué ocurriría si el municipio no cuenta con el dinero para compensar a los dueños de la propiedad si estos aparecieran, subrayó que “el municipio siempre va a tener que hacer que aparezca el dinero porque esto es un ‘issue’ constitucional. Tú no me puedes quitar propiedad sin que me la compenses razonablemente. Pero, es un riesgo”.
Necesario entablar planes concretos
“Esta medida es muy buena porque nos permite acelerar los procesos, pero todo va depender del interés de cada municipio… La política pública es tratar de erradicar los estorbos públicos. Si el dueño no se hace cargo, entonces tendríamos que iniciar los procesos de que, al final, sea el municipio que asuma responsabilidad y disponga (de la propiedad) como mejor entienda, ya sea para viviendas a ciudadanos o para inversión para atraer actividad económica”, indicó, por su parte, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres.
De acuerdo con el director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), Luis Gallardo, las enmiendas al Código Municipal podrían ayudar a resolver la crisis de vivienda en la Isla, ya que “la mayoría de las casas que están abandonadas” son rehabitables.
Sin embargo, el abogado puntualizó que desarrollar los estorbos públicos en viviendas para los ciudadanos dependerá “de la visión que tenga el alcalde y su compromiso con la vivienda asequible en su municipio”.
“Le toca al municipio diseñar sus planes y (desarrollar) un proceso coherente de imposición que no sea simplemente ponerlas todas en subasta y pa’fuera. Ponerlas todas en subasta, pues obviamente vas a atender a cierta población nada más. Pero hay personas que no tienen capacidad (financiera) y lo que necesitan son fuentes alternativas de financiamiento. Así que ahí es que les toca a los municipios ser creativos, buscar soluciones y hacerlo dentro de un plan coherente”, explicó Gallardo a EL VOCERO, toda vez que subrayó que es esencial que los ejecutivos municipales entablen conversaciones con las comunidades para conocer sus necesidades.
“Si tú vas a impactar a la comunidad y la comunidad tiene 30 propiedades abandonadas, no las puedes vender en un vacío. Tendrías que tener un plan coherente detrás de eso”, añadió el director ejecutivo del CRH.
Con Gallardo coincidió la directora ejecutiva del Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto Rico (Fidevi), Annette Montoto Terrassa, quien reiteró en entrevista aparte con este medio que la “vivienda asequible es diferente para cada persona”, por lo que los municipios tienen que evaluar las necesidades de sus ciudadanos para crear “planes reales” que los atienda adecuadamente.
“Si es para vendérsela a un desarrollador para viviendas de $1 millón, pues no estoy segura de que atiendan la necesidad que nosotros tenemos en el País”, manifestó Montoto Terrassa, quien enfatizó que las propiedades abandonadas también deberían rehabilitarse para asegurar vivienda a grupos de mayor vulnerabilidad, como los envejecientes, personas con algún grado de drogadicción, personas con diagnóstico de HIV, entre otros. Fuente: El Vocero.