Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales.
Puerto Rico enfrenta un desafío que trasciende los consultorios médicos y los hospitales: el deterioro progresivo de la salud de su población.
El aumento sostenido de enfermedades crónicas, el envejecimiento acelerado, la emigración de médicos y la desigualdad en el financiamiento federal configuran una crisis silenciosa que amenaza la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad económica de la Isla.
Las cifras son contundentes. Acorde con el informe “Los 10 factores que afectan el ecosistema de salud en Puerto Rico”, realizado por Birling Capital en agosto 2025, casi siete de cada diez adultos están en sobrepeso u obesidad, cuatro de cada diez tienen hipertensión y uno de cada seis padece diabetes.
Estas condiciones, muchas veces mal controladas, derivan en complicaciones graves que saturan el sistema hospitalario y generan gastos millonarios. Paralelamente, los adultos mayores representan un porcentaje creciente de la población, mientras la base laboral se reduce, lo que significa menos ingresos para financiar un sistema de salud cada vez más costoso.
“Puerto Rico no solo enfrenta un problema de salud pública, se enfrenta un dilema económico y social que marcará su futuro. La Isla debe decidir si invierte en prevenir la enfermedad o si continúa pagando las consecuencias de una población cada vez más envejecida, enferma y vulnerable”, apuntó Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico.
Más vieja y enferma la población; menos médicos
Los analistas McSorley y Bacong, a través del análisis de datos combinados del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de 2021 y 2022, revelaron que el cambio demográfico ocurrido en Puerto Rico durante la última década es dramático.
Entre 2010 y 2020, la proporción de adultos mayores de 65 años creció de 13% a 21%. En ese mismo periodo, la natalidad cayó a su punto más bajo en la historia moderna, con apenas seis nacimientos por cada mil habitantes. La fuerza laboral también se redujo, pasando de 1.04 millones de trabajadores a 970,000.
Estos cambios no son meramente estadísticos: tienen un impacto directo en la salud pública. Una población más vieja demanda más servicios médicos, más medicamentos y más especialistas, justo cuando el País pierde a su fuerza laboral joven y profesional. El resultado es un sistema sanitario presionado desde todos los ángulos.
“Nuestra sociedad envejece cada día más. Antes el puertorriqueño moría a los 40 años por infecciones o malaria; ahora vive sobre los 80, y eso trae complicaciones crónicas que el sistema no está preparado para atender”, resaltó Díaz.
Al envejecimiento se suma la pérdida de más de 5,000 médicos en la última década, lo que ha dejado a Puerto Rico con apenas 9,000 facultativos activos. La emigración responde a factores económicos: reembolsos más bajos de Medicaid y Medicare Advantage, salarios poco competitivos, trámites burocráticos y falta de acceso a tecnología avanzada.
Díaz denuncia que la privatización del sistema debilitó su capacidad de respuesta y que los pagos federales a proveedores bajo Medicaid en la Isla son apenas una cuarta parte de los que reciben los hospitales en Estados Unidos.
“Las terapias para pacientes con cáncer se tardan en aprobarse, y hay cánceres agresivos que requieren atención inmediata. El mejor plan médico que puede tener un paciente es el que no se usa, porque las aseguradoras limitan y retrasan autorizaciones”, señaló tras asegurar que se mueren y se seguirán muriendo los pacientes en la Isla.
Al respecto, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), enfatizó que “en vez de apuntar a los planes médicos, hay que mirar la falta de hábitos saludables y la realidad de una población envejecida. Incentivar la prevención, la alimentación balanceada y el ejercicio es fundamental”.
Pernas reconoce que los costos son altos, pero aseguró que hay mecanismos como los cupones de descuento de farmacéuticas y programas de referidos bajo el plan Vital.
“En el caso de pacientes indigentes, los tratamientos especializados para diabetes y otras condiciones se ofrecen con copagos mínimos”, puntualizó.
Enfermedades crónicas
El perfil epidemiológico de Puerto Rico evidencia un deterioro marcado. Según datos recientes del informe de Birling Capital, 42% de los adultos sufre hipertensión, 39% colesterol alto, 16% diabetes y 66% sobrepeso u obesidad. Estas condiciones, además de coexistir en muchos pacientes, son detonantes de complicaciones graves como infartos, derrames cerebrales, amputaciones e insuficiencia renal.
La diabetes ilustra con claridad la magnitud del problema. Entre 30% y 40% de los pacientes no logran mantener su glucosa bajo control, lo que multiplica las probabilidades de desarrollar complicaciones irreversibles. El costo promedio por paciente en centros comunitarios alcanzó los $1,289.95 en 2024, pero los casos mal manejados elevan el gasto a decenas de miles de dólares al año en hospitalizaciones, diálisis de por vida, trasplantes y amputaciones.
A ello, el informe de Birling Capital suma, que el problema no es solo médico, sino económico. Apenas entre 2% y 3% de los pacientes concentran el 80% de los presupuestos médicos, evidencia de un sistema que invierte demasiado tarde, cuando las condiciones ya están avanzadas y requieren tratamientos costosos.
Asimismo, el Informe de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud para los años 2018 y 2020 en Puerto Rico, las enfermedades crónicas son responsables de la mayoría de las muertes. En 2020, cinco de las seis principales causas de defunción estuvieron vinculadas a estas condiciones: enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades respiratorias crónicas. En conjunto, representaron el 59.1% de todas las muertes registradas en la Isla.
Sobre la situación, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Pla, reconoció que el deterioro en la salud de la población, marcado por las mencionadas condiciones crónicas, representa hoy uno de los mayores retos para el sistema de salud de la Isla.
Explicó, además, que la atención de pacientes con enfermedades crónicas resulta más costosa para las instituciones hospitalarias porque, en la mayoría de los casos, llegan en etapas de descompensación y requieren tratamientos complejos.
“Los costos de atender pacientes con situaciones crónicas son mayores porque no llegan a hospitalizarse por un parto normal o una cirugía programada; llegan descompensados. Son diabéticos fuera de control, personas obesas con problemas renales que desarrollan infecciones o pacientes que requieren operaciones de emergencia. Eso eleva el costo de estabilizarlos”, detalló.
Una infraestructura en crisis constante
Según trascendió públicamente, la fragilidad del sistema de salud quedó al descubierto en los pasados años con los huracanes Irma y María, los terremotos de 2020, el huracán Fiona en 2022 y la pandemia de Covid-19. Cada emergencia mostró la falta de resiliencia; hospitales dañados, escasez de medicamentos, fallas en el suministro eléctrico, sobrecarga del personal y ausencia de planes de contingencia robustos.
Sobre el particular, Pla recalcó que, aunque tras los huracanes y la pandemia se señalaron deficiencias en la infraestructura hospitalaria, la experiencia mostró que las instituciones contaban con suplidos y generadores suficientes para operar.
“Durante María, por ejemplo, no hubo falta de medicamentos ni de suplido. Lo que hubo fueron problemas de diésel para mantener los generadores, pero los hospitales estaban preparados”, sostuvo.
En cuanto al estado de las instalaciones de salud, destacó que los hospitales han invertido millones en equipos y mejoras, aunque muchas estructuras aún son costosas de mantener por su antigüedad.
“La mayor parte de los hospitales han renovado sus sistemas, hay nuevas salas de emergencia, modernos equipos de rayos X, sistemas de robótica y mejores servicios. La infraestructura ha mejorado porque los pacientes y la población exigen que se mantengan al día”, enfatizó.
La dependencia de Medicaid y la desigualdad federal
Del informe de Birling Capital se desprende, que casi la mitad de los puertorriqueños vive bajo el nivel de pobreza, lo que convierte a Medicaid en un salvavidas esencial. Sin embargo, el financiamiento que recibe Puerto Rico es mucho menor que el que se asigna a los estados y a otros territorios. Actualmente, la tasa de asistencia federal se mantiene en 76%, pero caerá a 55% en 2028, frente al 83% que reciben otras jurisdicciones.
Esta diferencia amenaza con recortes de servicios y un aumento de la morbilidad y mortalidad entre las poblaciones más vulnerables. Para un sistema que depende de Medicaid como columna vertebral, esta reducción representa un golpe financiero de gran magnitud.
Una economía del bienestar desaprovechada
Los analistas McSorley y Bacong, a través del análisis de datos combinados del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento de 2021 y 2022, encontraron que en contraste con la crisis local, el mercado global del bienestar, basado en prevención, personalización e inteligencia artificial, mueve $1.8 billones y crece entre 5% y 10% anual en Estados Unidos.
Puerto Rico, sin embargo, invierte la mayor parte de sus recursos en atender condiciones avanzadas en lugar de fomentar la prevención.
Los analistas en el campo de la salud coinciden en que Puerto Rico está ante una decisión crucial, o convertirse en un laboratorio de innovación en prevención y bienestar, o seguir financiando, a un costo insostenible, las consecuencias de un modelo reactivo.
Las recomendaciones de Díaz apuntan a medidas integrales como retener médicos mediante incentivos salariales y fiscales, garantizar financiamiento federal equitativo, modernizar la infraestructura con resiliencia ante desastres y apostar por la prevención desde la niñez.
“De lo contrario, la combinación de envejecimiento poblacional, alta prevalencia de enfermedades crónicas, escasez de médicos y desigualdad en el financiamiento federal podría desembocar en un colapso sanitario y fiscal”, subrayó Díaz.
A juicio de Pla, la Isla necesita invertir más en prevención para reducir la incidencia de condiciones crónicas.
“Si Puerto Rico tuviera programas de prevención desde la niñez, trabajando integralmente con los niños, durante 15 años, tendríamos una población más saludable. La prevención es clave para manejar la salud pública a largo plazo”, acotó.
Se intentó obtener una reacción del secretario de Salud, pero al cierre de la edición no estuvo disponible. Fuente: El Vocero