La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó a El Vocero que en lo que va del 2026 la agencia ha recibido más de 8,000 solicitudes para ubicar adultos mayores en hogares sustitutos.
“Las solicitudes responden a distintas modalidades, no solamente las que pueden implicar algún tipo de maltrato contra el adulto mayor, sino también aquellas que puede ser de adultos mayores en condiciones no adecuadas o no pudiendo vivir solos. También, familiares a los cuales se le agotaron los recursos y no tienen para poder brindar los cuidados especializados”, abundó.
Ante este escenario, Roig Fuertes celebró ayer que la Junta de Control Fiscal (JCF) diera paso a una iniciativa del Ejecutivo para asignar $30 millones adicionales para este tipo de instalación.
“Los hogares prolongados para adultos mayores es uno de los servicios más solicitados en la agencia, incluyendo por casos de adultos mayores que están en hospitales y que no han podido ser reubicados porque no tenemos las alternativas de un hogar que pueda responder a sus necesidades”, resaltó la secretaria, quien estimó que en la actualidad hay entre 200 a 300 casos de este tipo.
Por su parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Wilma I. Ortiz Rivera, mencionó que entre enero y febrero del 2026 se atendieron sobre 500 casos adicionales de adultos mayores que requerían de hogares sustitutos, por lo que el total actual sobrepasa los 6,600.
“Estamos pagando en este momento $10 millones para estos hogares y esperamos que esto siga en incremento. Así lo han demostrado las estadísticas”, puntualizó Ortiz Rivera.
Mientras que la gobernadora Jenniffer González Colón estimó que la inyección de $30 millones permitirá al gobierno extender estos servicios a entre 10,000 y 12,000 adultos adicionales.
“La manera que este dinero se va a utilizar es que tiene que haber un estudio económico de ese participante. Hemos visto un aumento en las solicitudes y por eso se han mejorado las facilidades tecnológicas de plataforma para poder agilizar la evaluación de estos permisos y permitir a estos viejitos vivir en un entorno seguro donde no tengan que tener solamente una comida al día”, expresó la primera ejecutiva.
Además de adultos mayores, pueden aplicar a estos servicios adultos entre los 18 y los 59 años de edad con impedimentos físicos que no tengan un cuidador.
“Tenemos también mucha gente abandonada y cuando digo abandonada, me refiero a casos de gente que tuvo un niño con una condición (médica y/o física), pero ese progenitor falleció y este se quedó solo. Estos centros, que paga el gobierno de Puerto Rico, atienden también a esta población”, agregó la gobernadora.Fuente: El Vocero