“Aquí persiste la mentalidad de que va a venir una varita mágica y todo se va a resolver, pero el cantazo será real si no se toman medidas drásticas y el impacto de esto será muy fuerte, en el País. Nosotros esperamos que alrededor de 43 municipios sean fiscalmente inviables. Eso quiere decir que no van a tener el presupuesto suficiente para poder continuar dando los servicios esenciales que le dan a la ciudadanía, muchos de estos concentrados en la zona central montañosa”, destacó Miranda Palacios.
Una radiografía publicada por la Liga de Ciudades de Puerto Rico anticipó un futuro con tan solo 35 municipios con capacidad operacional, de los cuales nueve tendrían que hacer ajustes importantes en sus partidas de gastos para cubrir la pérdida de un 20% de su presupuesto.
Entre los pueblos que serían fiscalmente inviables
se encuentran:
• Maricao
• Las Marías
• Hormigueros
• Lajas
• Guánica
• Maunabo
• Patillas
• Arroyo
• Guayama
• Villalba
• Jayuya
• Utuado
• Adjuntas
• Lares
• Quebradillas
• Naranjito
• Corozal
• Ceiba
• Naguabo
• Loíza
• Florida
Entre los pueblos que sería fiscalmente inviables se encuentran Maricao, Las Marías, Hormigueros, Lajas, Guánica, Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama, Villalba, Jayuya, Utuado, Adjuntas, Lares, Quebradillas, Naranjito, Corozal, Ceiba, Naguabo, Loíza y Florida.
“Una de las cosas que no se habla es cuál va a ser el impacto que enfrentarán los gobiernos locales que puedan retener un porciento alto de su presupuesto, porque la responsabilidad va a bajar al municipio más cercano sin una asignación de fondos adicionales”, sostuvo la ejecutiva.
“La autonomía municipal nunca se alcanzó”
Por su parte el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, confirmó que a pesar de que su municipio redujo sus gastos operacionales en un 30% en los pasados años, la realidad es que “si no se resuelve el tema del Fondo Equiparación para enero de 2025, Villalba no podrá operar”.
“La autonomía municipal nunca se alcanzó del todo y la mayoría de los municipios medianos y pequeños dependían del Fondo de Equiparación. Además, el gobierno (estatal) ha seguido tomando decisiones que afectan a los municipios como, por ejemplo, las exenciones contributivas, los decretos. A esto le sumas la aportación que hacemos a la tarjeta de salud (Plan Vital) y el pago de las pensiones”, comentó el también presidente de la Asociación de Alcaldes.
Hernández Ortiz denunció que en los pasados años se han presentado múltiples alternativas para atender la inoperatividad de los gobiernos municipales. Sin embargo, ninguna de estas fue acogida por el Ejecutivo y/o la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Se le han presentado a la junta fiscal alternativas como la regionalización del recogido de basura, el reciclaje, el bienestar animal o ideas como la del Consorcio Energético de la Montaña para traer ingresos adicionales. Nada de esto fue aceptado”, sostuvo el mandatario municipal.
La más reciente propuesta presentada por la Asociación para nutrir un fondo de servicios esenciales -operado por los municipios- desviando dinero de agencias como Educación, Familia, Seguridad Pública y Transportación y Obras Públicas en un esfuerzo de descentralización, fue rechazado bajo el pretexto de que “el Fondo de Descentralización fue eliminado”.
“Esto también afecta el asunto de los fondos federales. Por ejemplo, en el caso de los fondos CBDG, se reciben en bloque por lo que un aumento de la responsabilidad no representará más dinero. Digamos que Bayamón absorbe Comerío, tendrá que darle servicio a más población con la misma cantidad de dinero”, destacó el mandatario.
Algunos no aprovecharon los fondos federales
Entretanto el director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, reconoció que los gobiernos municipales confrontarán serios problemas operacionales a partir del 2025 al denunciar que “algunos ayuntamientos no aprovecharon la coyuntura para hacer los cambios que tienen que hacer y tener las prioridades claras” durante el periodo que recibieron dinero federal producto del CARES Act y los fondos ARPA destinados a mitigar el impacto de la pandemia.
“Esto va a requerir que ya para el próximo año fiscal que (los municipios) tengan que ser mucho más agresivos en esa reingeniería operacional, porque ya no van a tener el Fondo de Equiparación y tampoco van a tener los fondos federales de ARPA”, afirmó el también secretario del Departamento de Estado.
En cuanto a las alternativas al Fondo de Equiparación, Marrero Díaz dijo que el Ejecutivo ha discutido varias alternativas con la junta fiscal, incluyendo la creación de un Fondo de Servicios Sociales Municipales, que según el funcionario “caló” en el ente federal.
Sin embargo, el líder de los alcaldes asociados puso en duda que los ayuntamientos logren acceder a los $30 millones destinados para esta partida en el presupuesto 2024-2025 del gobierno central.
“Hay una posibilidad real de que ni tan siquiera llegue ese dinero, porque el gobierno decidió cambiar las reglas y ahora los municipios tienen que ir a la junta fiscal a mendigar el dinero cuando antes era una transferencia directa del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) por una fórmula parecida al Fondo de Equiparación. También es probable que no veamos los $15 millones asignados para servicios de amas de llave porque la intención de la junta es que el dinero fluya y se quede en las arcas”, reclamó Hernández Ortiz.
Propone cambios a la distribución de recaudos del IVU
Mientras que el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, advirtió que la paralización de servicios de los municipios ampliará la brecha social y concentrará aún más la prestación de servicios en un puñado de pueblos.
En ese sentido, García Padilla propuso modificar la manera en la que se distribuye el dinero producto de los recaudos del Impuesto de Ventas Y Uso (IVU) a un modelo basado en el código postal.
“Es injusto que actualmente los municipios donde no hay megatiendas no reciban nada, sin embargo, tiene que continuar ofreciendo servicios”, dijo.
El mandatario sureño recalcó que se le hace tarde al País para que tanto los alcaldes, como el Ejecutivo y la Junta se sienten a la mesa a discutir cómo se atenderá la insuficiencia de fondos en los municipios una vez se vean obligados a operar con sus presupuestos reales en 2025. Fuente: El Vocero.