Ahogarse de calor para ahorrar energía y gastar menos en todos los renglones de la vida son algunos de los primeros ajustes que piensan muchas personas de cara a los aumentos en el servicio de agua, ascendente a 2%, y de 4.7% en la luz para clientes residenciales, que entraron en vigor ayer. Esto, sin contar lo que se paga por los alimentos, los pesares y los incrementos en el precio de casi todos los bienes que se adquieren, debido a la inflación.
Tales aumentos y el efecto cascada que provocan podrían afectar la economía en general del País, según economistas entrevistados.
Los profesores y economistas José Caraballo Cueto y Heriberto Martínez Otero coincidieron -por separado- en que las medidas de aumentos en el costo de utilidades, bienes de consumo y servicios esenciales provocarán un aumento en la tasa de inflación que es lo mismo que un mayor costo. de vida.
“Los consumidores no solamente van a sentir ese impacto en su residencia, sino también en muchos comercios que van a tratar de pasarle parte o todos esos aumentos al consumidor. Hay algunas empresas que no van a poder hacerlo y van a tener que bajar su margen de ganancia o cerrar, pero van a haber otras que tienen más poder en el mercado que se lo van a pasar y en ese sentido, pues va a tener un doble impacto sobre los consumidores en la calle cuando salgan a comprar bienes y servicios”, resumió Caraballo Cueto.
Indicó que debido a esta situación las personas podrían cambiar sus patrones de consumo. Señaló que se ha podido corroborar que entre más caro el precio del kilovatio-hora de energía, menos consume la gente en general.
Asimismo, dijo que aquellas personas que tienen ingresos fijos, ya sea pensión o Seguro Social o aquellas que están desempleadas tienen un gran impacto en su bolsillo con los aumentos de agua y luz, por lo que en algunos casos el nivel de empobrecimiento se profundiza.
Martínez Otero explicó que además de las altas tasas de inflación, son muy altas las tasas de interés, lo que dificulta el acceso al crédito como una medida que a veces se utiliza para equilibrar la falta de efectivo, particularmente de las pequeñas y medianas empresas.
A eso se le debe sumar las inversiones que están obligadas a realizar muchas personas para enfrentar el servicio inestable de energía, como placas solares y baterías de almacenamiento. Si la inversión es en plantas generatrices, se suma el costo de mantenimiento y combustible, por lo que la cantidad de dinero para el resto de las necesidades se acorta.
Por ello, Martínez Otero vio con buenos ojos el aumento en el salario mínimo a $10.50 que también entró en vigor ayer, porque provee una mayor cantidad de dinero en el bolsillo de las personas que entonces pueden hacer frente un poco mejor al aumento en los servicios. .
“El tema salarial es importante para retener el talento humano en Puerto Rico y es al gobierno (al que) le corresponde estabilizar el sistema eléctrico, intentar bajar los costos de luz, obligar a que se logren eficiencias en el sector de utilidades para pasarlo a los clientes. O sea, estamos en un contexto en que ciertamente los aumentos se tragan el poder adquisitivo y los aumentos se comen el margen de las empresas, pero algunos de esos aumentos se podrían controlar si el gobierno de Puerto Rico hiciera su trabajo”, argumentó Martínez Otero.
Ambos economistas coincidieron en que esas para pagar los aumentos en los servicios serán más necesarios aún, cuando se imponga un posible cargo más alto de lo que se esperaba por la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuyos bonistas ahora pueden cobrar del total de ingresos netos de la corporación pública y no solo una fracción, según decidió recientemente el Circuito de Apelaciones de Boston. Fuente: El Vocero.