El Proyecto de la Cámara 1557 había sido elaborado por el representante José Rivera Madera en respuesta a las demandas de comunidades y organizaciones que han señalado que la falta de regulación de los STR está afectando negativamente la salud, seguridad y bienestar de los vecinos. Sin embargo, desde su presentación el 1 de noviembre de 2022, la medida sufrió varias enmiendas que han alterado su objetivo inicial.
El mismo fue derrotado a viva voz por legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).
“Es lamentable que en lugar de velar por los intereses de todos los boricuas y promover propuestas que contribuyan a fomentar el crecimiento del turismo puertorriqueño, grupos de interés especial prefirieron hundir un buen proyecto de ley porque no les garantiza la amplia prohibición del sector de alojamientos. suplementarios a corto plazo. Hoy el turismo puertorriqueño perdió”, añadió Muñoz.
A su juicio, la derrota de este proyecto deja un “vacío reglamentario con grandes consecuencias”.
Entre ellas destacaron que no se establecerá un registro unificado a nivel isla, con más de 20 puntos de información requerida de los anfitriones, lo cual hubiera permitido un análisis claro del impacto de los alquileres a corto plazo en la isla.
Asimismo, no se implementarán más de 15 medidas que buscaban promover la sana convivencia entre vecinos y el buen comportamiento por parte de los huéspedes.
“Estas reglas le hubieran permitido a los vecinos y las municipalidades participar activamente en la fiscalización de los malos actores”, dijo el director de comunicaciones.
Explicó que con esto, los municipios se quedan sin un mecanismo para compartir los ingresos del ‘Room Tax’ y para poder fiscalizar efectivamente el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y las patentes municipales, más la recaudación de multas por violaciones de la ley.
Sostuvo que este vacío reglamentario a nivel estatal generará complejidad e incertidumbre en las operaciones por parte de todos los prestadores de servicio a través de distintas ordenanzas municipales.
“Puerto Rico, que luego de la pandemia se convirtió en un destino más variado y accesible precisamente por los ‘short term Rentals’, ahora se queda sin una reglamentación que bien podía atender preocupaciones válidas sobre la seguridad del producto, las preocupaciones de las comunidades. y los intereses de los municipios donde se ubican estos alojamientos”, opinó Muñoz.
“Puerto Rico ha quedado rezagado en regulaciones turísticas modernas e incluidas. Airbnb sigue comprometido a colaborar con la elaboración de una regulación uniforme, a nivel isla, con el objetivo de eliminar la ambigüedad y la complejidad que enfrentan actualmente los anfitriones”, puntualizó. Fuente: El Vocero.