A pesar del indulto presidencial otorgado por Donald Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y sus coacusados -el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini-, la vista de sentencia en el Tribunal Federal se mantiene en el calendario para el próximo 29 de enero.
Según el licenciado Leonardo Aldridge, el perdón otorgado abarcó únicamente el pliego original de siete cargos criminales por conspiración, soborno y fraude electrónico —que llevó al arresto del trío en agosto del 2022— y no incluyó el nuevo delito radicado en 2025 como parte de un acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia federal y por el cual los acusados hicieron admisión de culpabilidad.
“Aunque me parece que el espíritu y la intención del presidente era indultar completamente a Wanda Vázquez y sus coacusados, el documento de indulto lo que hace es especificar que está exonerada del caso 3:22-CR-342 (pliego original). No obstante, como parte del acuerdo con la fiscalía federal, ella se declaró culpable de otro nuevo caso con un cargo menor al caso original y ese nuevo caso del 2025 no está incluido en el indulto”, destacó el abogado.
Ante este detalle, Aldridge señaló que el caso del 2025 por el delito de aceptar/ofrecer una promesa de dinero para la campaña electoral de parte de un ciudadano de una nación extranjera “sigue abierto y está ante la consideración del tribunal”.
“Va a ser necesario que, si la jueza así lo solicita, la fiscalía federal se exprese con respecto a que, si algo, pretende hacer con el nuevo caso bajo el cual Wanda Vázquez y los coacusados se declararon culpables”, puntualizó el letrado.
La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó el pasado sábado la solicitud presentada por la representación legal de Herrera Velutini para posponer la vista de sentencia por dos semanas bajo el argumento de que necesitaban tiempo adicional para someter sus objeciones al informe presentencia (PSR, en inglés).
Ese mismo día, la togada también rechazó una petición del equipo de defensa de la exgobernadora para que se elimine del récord el memorando de sentencia que sometió la fiscalía federal recomendando hasta un año de prisión por el delito al que hizo alegación de culpabilidad.
“El memorando de sentencia del gobierno es solo uno de los elementos que la corte tomará en cuenta para considerar la sentencia”, subrayó Carreño Coll, quien concluyó que el documento no representó una violación al acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia federal.
Con respecto a los cargos originales, el licenciado Aldridge afirmó que se tornaron académicos tras el indulto total e incondicional otorgado por el presidente Trump el jueves, 15 de enero.
“En ese caso, se le tiene que dar conocimiento oficial a la corte, puede ser la fiscalía o la defensa. Tienen que poner en conocimiento a la jueza Silvia Carreño de manera oficial. Una vez eso suceda, habrá concluido ese caso”, sostuvo.
En manos del Tribunal Supremo
Por otro lado, el abogado resaltó que, a pesar de que el indulto evita la pérdida de derechos civiles federales, aún queda por verse qué determinación tomará el Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a la licencia de la exgobernadora para ejercer derecho en el foro estatal.
“Una de las interrogantes más interesantes de este caso es qué va a suceder en cuanto a la licencia profesional de la exgobernadora por parte del Tribunal Supremo, si va a entender al ella ir a una corte federal y bajo juramento aceptar responsabilidad por un hecho delictivo es suficiente para tomar alguna sanción en su contra o si van a determinar que, como nunca fueron oficialmente notificados de una sentencia, no deben tomar acción”, destacó.
En espera de proyecto para eliminar escoltas
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón reiteró ayer, durante una conferencia de prensa en Guaynabo, que firmará el proyecto de administración presentado ante la Legislatura para eliminar el derecho a escoltas a exmandatarios en caso de una convicción.
“Si me aprueban ese proyecto, se le van a eliminar las escoltas (a Vázquez Garced). Tan pronto me llegue el proyecto, yo las voy a eliminar y si quiere alegar algo, que acuda al tribunal, pero tengo que tener la facultad en ley para poderlo hacer”, afirmó la primera mandataria.
González Colón recalcó la necesidad de que existan repercusiones por haber vulnerado el sistema electoral de la Isla.
“Este perdón no borra la gravedad de los actos cometidos ni que se declaró culpable. Todo el mundo en Puerto Rico va a recordar que se interfirió con el proceso democrático electoral, que debe ser el proceso más puro. Aquí se violentó uno de nuestros procesos máximos en términos democráticos con lo que ocurrió en este caso. Esto envía un mensaje erróneo de rendición de cuentas a todos los funcionarios y al pueblo sobre la integridad de nuestros procesos”, subrayó la mandataria. Fuente: El Vocero