La administración del presidente Donald Trump reactivó la política de «public charge» (carga pública), una regla que podría impedir que algunos inmigrantes obtengan la residencia permanente si reciben determinados beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o vales de vivienda.
La medida apareció este jueves en el Registro Federal y será publicada oficialmente el 20 de julio. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la regla entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
La política ya había sido implementada durante el primer mandato de Trump, en febrero de 2020, pero fue revocada posteriormente por la administración de Joe Biden.
Según USCIS, la medida busca reforzar el principio de que quienes solicitan la residencia permanente deben demostrar que pueden mantenerse económicamente sin depender de programas de asistencia pública.
«La administración federal está reafirmando el requisito de la autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses», señaló la agencia en un mensaje publicado en redes sociales.
La decisión forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración Trump, que en los últimos meses también ha incrementado las deportaciones y las acciones de control migratorio tanto para inmigrantes indocumentados como para algunos grupos con estatus legal.
La nueva regla no aplica a todos los inmigrantes, sino principalmente a quienes están solicitando la r esidencia permanente mediante un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o una visa de inmigrante desde el extranjero. USCIS evaluará si el solicitante podría convertirse en una «carga pública» considerando distintos factores establecidos por la ley, entre ellos su situación financiera y el posible uso de determinados beneficios públicos.
En Florida, donde residen millones de inmigrantes y numerosas familias de estatus migratorio mixto, la medida podría generar preocupación entre personas que actualmente tramitan una green card a través de un familiar o un empleador. Sin embargo, la legislación y las guías oficiales mantienen exenciones para varias categorías, entre ellas refugiados, asilados, algunos beneficiarios de visas humanitarias y menores con estatus especial, quienes no están sujetos a esta evaluación de carga pública. Seguir leyendo: Univision