Un tribunal federal de apelaciones rechazó el martes la política del gobierno de Trump de someter a detención obligatoria por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a muchos de los inmigrantes que intenta deportar, incluidos aquellos que han vivido en Estados Unidos durante años.
Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, calificó la política como «el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos».
El panel escribió que la interpretación que hace la administración Trump de la detención obligatoria de inmigrantes «provocaría una conmoción sísmica en nuestro sistema de detención de inmigrantes y en la sociedad, sobrecargando nuestra infraestructura de detención, que ya está saturada, encarcelando a millones de personas, separando familias y perturbando comunidades».
El fallo judicial genera una división en torno a la política de detención masiva del ICE . Si bien la mayoría de los jueces del país han declarado ilegal dicha política, los Tribunales de Apelaciones del Quinto y Octavo Circuito , con sede en Luisiana y Misuri, respectivamente, han respaldado la interpretación de la administración Trump sobre la detención obligatoria. La decisión del Segundo Circuito se aplica a Connecticut, Nueva York y Vermont.
La opinión emitida el martes fue redactada por el juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, Joseph Bianco, nombrado por el presidente Trump, a quien se unieron José Cabranes, nombrado por Clinton, y Alison Nathan, nombrada por Biden.
El año pasado, la administración Trump reinterpretó una ley de inmigración de la década de 1990 para impedir que amplios grupos de inmigrantes que viven ilegalmente en los EE. UU. pudieran solicitar a un juez de inmigración su liberación bajo fianza tras ser arrestados por el ICE.
Anteriormente, los inmigrantes indocumentados que habían vivido en Estados Unidos durante años generalmente podían optar a audiencias de fianza y tratar de convencer a un juez de inmigración de que se les debía permitir luchar contra su deportación fuera de un centro de detención porque no representaban un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública.
Anteriormente, la detención obligatoria se había limitado en gran medida a quienes habían entrado recientemente en Estados Unidos de forma ilegal, incluso a lo largo de la frontera sur, así como a los detenidos condenados por ciertos delitos.
Sin embargo, la administración Trump ha adoptado la postura de que cualquier persona que haya ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, independientemente de cuánto tiempo haya pasado, está sujeta a detención obligatoria mientras se resuelven sus casos de deportación.
Este cambio radical en la política ha llevado al ICE a retener indefinidamente a detenidos que entraron ilegalmente a Estados Unidos hace años o incluso décadas y que anteriormente habrían sido elegibles para la libertad bajo fianza, incluidos aquellos sin antecedentes penales más allá de presuntas violaciones civiles de las leyes de inmigración.
En un comunicado emitido el martes, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, afirmó que la administración está aplicando la ley de detención de inmigrantes «tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos a salvo».
«En lo que respecta a las decisiones de los tribunales federales sobre la detención obligatoria, la Corte Suprema ha revocado repetidamente las posturas de los activistas judiciales en estas cuestiones», declaró el DHS. «ICE tiene la ley y los hechos de su lado y será reivindicado por los tribunales superiores». Fuente: CBS