La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) cometió diversas presuntas irregularidades relacionadas con una bonificación de 65 empleados exentos, incluyendo a la expresidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, reveló un informe de investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico.
El Área de Querellas e Investigaciones de la OIG detalló que el desembolso de $174,105 incumplió con el marco legal vigente y no contaba con la aprobación expresa de la Junta de Control Fiscal (JCF), y tampoco de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
“Los desembolsos realizados pudieron estar en contravención de lo dispuesto en la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, la cual prohíbe la concesión de bonificaciones adicionales a empleados públicos, excepto el bono de Navidad”, señaló el informe.
De acuerdo con la publicación, el 15 de abril de 2025, los empleados exentos de la CEE recibieron el “pago único no recurrente”, fundamentado en los estándares de productividad, eficiencia y servicios extraordinarios prestados por dicho personal durante los meses de septiembre a diciembre de 2025. Sin embargo, no se identificaron criterios objetivos ni documentados, para el otorgamiento de la bonificación en los documentos evaluados por la OIG.
Además, se documentaron posibles cambios en las hojas de asistencia para justificar el desembolso de una bonificación –que ascendió a $9,304.20– a favor de la expresidenta de la CEE, quien al mismo tiempo fue la encargada de autorizar y distribuir el pago único.
Responde CEE
En expresiones escritas enviadas aEl Vocero, el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, aseguró que las leyes y reglamentos aplicables a la dependencia “son y continuarán siendo un pilar fundamental en el desarrollo de todos los trabajos que aquí se realizan”.
En atención al informe de la OIG, “reiteramos la continua colaboración con las agencias fiscalizadoras a cargo de la investigación en curso”, lee la declaración, pero especifica qué acción tomarán sobre las alegadas irregularidades .
Según el informe, de acuerdo con el Plan Fiscal Certificado y la Reforma del Servicio Público, las entidades gubernamentales deben adoptar guías de administración salarial que reflejen la metodología de compensación establecida por la Reforma y establezcan los parámetros para las decisiones salariales de empleados públicos.
La OIG detalló que dichas guías deben ser sometidas a la JCF para su revisión y aprobación antes de su adopción y publicación, según la Política de Revisión de Reglamentos, Normas y Órdenes de la JSAF, establecida conforme a la Sección 204(b)(4) de la Ley PROMESA.
“Cualquier ‘pago único no recurrente’ contemplado en dichas guías debe ser consistente con el Plan Fiscal y la Reforma del Servicio Público, que disponen que la compensación variable e incentivos no recurrentes solo deben usarse para reconocer a empleados que se destaquen, demuestren compromiso con cerrar brechas de destrezas o contribuyan a metas institucionales”, estableció la OIG.
Por otro lado, la OIG recomendó al presidente actual de la CEE, Rivera Rueda, la revisión y actualización inmediata del marco normativo interno, incluyendo el Reglamento de Personal de Carrera y Confianza, el Reglamento de Retribución Uniforme y cualquier otra normativa que contenga disposiciones sobre bonificaciones, a fin de garantizar su alineación con la Ley 26-2017 y la normativa fiscal vigente.
De igual forma, la agencia fiscalizadora requirió establecer controles para la evaluación y autorización de cualquier incentivo económico, asegurando que las decisiones estén basadas en criterios objetivos, documentados y validados por las oficinas correspondientes. Además, recomendó la implementación de adiestramientos sobre sana administración para todo el personal gerencial y de confianza.
Rivera Rueda expresó por su parte que “las medidas correctivas, según recomendadas en el informe, ya se están atendiendo”. Fuente: El Vocero.