A pesar de las preocupaciones expresadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la capacidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para cumplir con sus obligaciones, los recortes en presupuesto y la necesidad de más recursos señalados por la administración universitaria, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), rechaza que el principal centro docente del país pueda llegar a la quiebra.
En entrevista con El Vocero, el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, dijo que la JCF siempre ha querido poner a la UPR bajo el Título III de quiebra al amparo de la Ley Promesa, pero no empece los recortes y ajustes que ha enfrentado por decisión de la JCF, la institución ha cumplido.
“Desde hace años la Junta ha querido utilizar el Título III o el Título VI para reestructurar la deuda de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros siempre hemos levantado el mismo riesgo real, de impacto, que podría tener una quiebra o una reestructuración en todas las ayudas que recibe la universidad, incluso la ayuda que reciben los estudiantes. Así que para nosotros no es una opción”, argumentó Marrero.
El pasado 6 de junio, la JCF le advirtió al gobierno de Puerto Rico que había un déficit en el presupuesto del año fiscal 2022, según los estados financieros auditados, y levantó la bandera de que la UPR podría no tener fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. .
A preguntas de este medio, Marrero aseguró que ese año hubo un desembolso de fondos no recurrentes que estaban reservados para pagar la deuda del gobierno central tras su reestructuración, pero no hubo un gasto mayor a lo presupuestado.
“Esto al 2022 no refleja un descalabro de las finanzas, no refleja que se dejó de pagar los servicios esenciales, no refleja que el gobierno cerró operaciones o no pudo funcionar, sino que es un asunto contable”, expuso.
A su juicio, la JCF lo que está es reaccionando a las auditorías sobre los estados financieros del gobierno en que los auditores tienen que cumplir con informar si hay algo que causa preocupación y en ello se incluye a la UPR.
No obstante, Marrero aseguró que la UPR ha seguido pagando las deudas y los intereses. Al mismo tiempo que se le requiere tener un dinero en cuentas de reserva.
“El único asunto en que la UPR se encuentra en incumplimiento con sus bonos es un asunto de unas reservas. Por lo tanto, se trata de un incumplimiento técnico. Es decir, por no tener unos dineros establecidos en unas reservas, básicamente (dicen) es un incumplimiento técnico con el contrato de los bonos y por esa razón la UPR cae en un ‘Standstill Agreement’ (acuerdo de paralización en lo que se atienden asuntos pendientes) con sus acreedores, que se ha enmendado por vez vigésimo primera”, detalló.
La más reciente enmienda al acuerdo fue el 1 de junio de 2024. A esa fecha se hizo un pago del principal y los intereses por $36 millones. También se inició que se hará un depósito mensual de $3.6 millones hasta noviembre de 2030 para el servicio de la deuda, y el saldo mínimo en la cuenta de reserva será de $42.6 millones con el que ahora se está cumpliendo, se informó.
Los acuerdos previos de paralización han permitido a la UPR estar al día con el pago de la deuda, por lo que el director de Aafaf sostuvo se debe permitir continuar de esa manera en lo que se amortiza dentro de unos años esa deuda.
No se especificó qué establecían los acuerdos previos y en qué consistieron los alegados incumplimientos en las cuentas de reserva.
“No es necesaria la quiebra, no hay que seguir insistiendo en un proceso de Título III para la UPR”, puntualizó.
Déficit en el gobierno
De otro lado, según la misiva de la JCF, firmada por el director ejecutivo Robert Mujica, la Sección 209 de la Ley Promesa exige que los gastos efectuados por el gobierno durante al menos cuatro años fiscales consecutivos no excedan los ingresos, pero en el año. En 2022 hubo un déficit de 3,3 millones de dólares. Eso representa menos de un 1% del presupuesto del Fondo General, pero lo califican de incumplimiento.
“Los Estados Financieros Básicos Auditados del Gobierno para el Año Fiscal 2022 indican que los gastos del Fondo General para el Año Fiscal 2022 superaron los ingresos del Fondo General tanto sobre una base presupuestaria como sobre una base US GAAP” (que son los principios de contabilidad estándar que las empresas que cotizan en bolsa deben seguir en sus estados financieros)”, sostuvo Mujica en la carta. “Para el AF2022, el Gobierno no ha cumplido con el requisito establecido en la Sección 209(2)(B) de PROMESA”.
Si el gobierno incumple con tener presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos la JCF se tendría que quedar en la Isla. De confirmarse el déficit de $3.3 mil millones la fecha de retiro se extendería hasta el 2026.
Marrero afirmó que seguirán en conversaciones con el ente fiscal para tratar de llegar a unos acuerdos sobre el asunto.
Para el secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, la hoja de balances del presupuesto del año fiscal 2022 reconocía que había unos ingresos de años anteriores que se tenían aparte y se utilizaron para pagar la deuda del gobierno central luego de la reestructuración, por lo tanto se trata de un ejercicio contable que se hizo de forma adecuada.
“Si vamos a ese año, 2022, la Junta en ningún momento envió una carta de que el gobierno en Puerto Rico terminó con un presupuesto operacional que no estaba balanceado. Todo lo contrario, se reconoce esa transacción en ejercicio de la auditoría financiera, como tiene que ser, como un evento extraordinario”, indicó.
Sobre la preocupación que también levantó la junta por el atraso en la entrega de estados financieros auditados, aunque a la misma vez reconocieron avances, Marrero dijo que en tres años y medio se produjo los estados financieros atrasados de cinco años desde el 2018.
“Y antes que termine el año natural corriente 2024, se espera que se pueda publicar el estado correspondiente al 2023, dejando ya así el camino para que el próximo estado financiero, que es del año 2024, pues se pueda hacer de manera oportuna”, manifiesto.
“No nos quites el sueño. Al final del día, el 2023, el 2024, 2025 y el 2026 reflejará lo que todos sabemos que es que el gobierno de Puerto Rico a nivel ejecutivo está operando dentro del presupuesto aprobado. Así que en ese sentido estaríamos cumpliendo con los requisitos y poniendo al gobierno de Puerto Rico en posición de argumentar que cumplió con los requisitos”, declaró el director de Aafaf. Fuente: El Vocero.