En momentos que se vislumbra la aprobación legislativa del proyecto de administración que desligará a la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), persiste el reclamo de algunos sectores sobre la politización de la uniformada.
Esta semana, el Proyecto de la Cámara (PC) 406 tuvo el aval del Senado, sin embargo, sufrió enmiendas por lo que regresa a la Cámara. Si el cuerpo concurre, iría directo a la Fortaleza para la firma de la gobernadora, Jenniffer González.
El Artículo 5 de la pieza legislativa establece que el superintendente de la Policía, que en este caso Joseph González, tiene el poder de nombrar oficiales cuyo rango sea de “inspector, comandante, teniente coronel y coronel”, pero esta designación deberá contar con la “previa confirmación del gobernador”. Otra de las enmiendas establece que la transición de la Policía del DSP se producirá en 180 días y no en un año, como se propuso inicialmente.
La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, criticó que la aprobación de rangos recaiga en la gobernante.
“En lugar de aprovechar esta oportunidad para transformaciones reales en la Policía, lo que persigue es politizar aún más ese cuerpo. Las enmiendas incluidas en el Senado colocan en manos de la gobernadora, no solo la designación de inspectores, coroneles y tenientes coroneles, como he denunciado, sino que también le da ese poder para el nombramiento de los dos superintendentes asociados. Hoy, esas posiciones, bajo el nombre de Comisionados Asociados, son designadas por el comisionado Joseph González”, indicó Santiago a El Vocero.
El Protocolo de Ascensos para Cargos de Inspector a Coronel del DSP establece que “el secretario y el comisionado someterán la lista de candidatos al gobernador. El gobernador podrá elegir a cualquiera de los candidatos que se le presente en la lista de cualificados para el ascenso”.
Por su parte, el senador popular Luis Javier Hernández, reconoció que “eso siempre ha pasado. Yo no sé por qué se ha levantado tanta situación con esto porque esto siempre ha ocurrido. Lo que sí no debe ocurrir es que no utilicen los criterios reglamentarios”.
El portavoz de la mayoría en el Senado, Gregorio Matías, descartó que el titular de la Policía dé paso a la politización.
“Joseph (González) viene del gobierno federal y ha sido una persona que no está atado a un partido político. Es Joseph el que le recomienda a la gobernadora los que él entienda que son los oficiales más adecuados y de ahí la gobernadora escoge. Así que no es lo mismo de antes, ahora hay una previa evaluación, un comité que los evalúa, les da una puntuación… No es a dedo, no es por color político, sino por su trabajo, por su evaluación, por su experiencia y por lo que han aportado a la Policía”, recalcó Matías, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González afirmó ayer que evaluará las enmiendas.
“La Asamblea Legislativa está evaluando (proyecto) y tan pronto me lo envíen, lo voy a firmar, ya que creo que todo el componente de seguridad pública que tenía que ver con la Policía debe regresar y no ser parte de ningún negociado para que tenga la agilidad para trabajar con la Reforma (policiaca) a nivel judicial, comprar equipo y pagar las cosas de la Policía. No he visto que enmiendas se le han hecho al proyecto, pero las revisaré”, comentó la mandataria.
En ese sentido, González subrayó que uno de los aspectos más importantes del cambio es que la movida le daría al actual comisionado de la Uniformada, “la agilidad para poder atender los reclamos de la Policía y de seguridad pública”.
Al ser cuestionada sobre la enmienda que condicionaría los nombramientos de inspector, comandante, teniente coronel y coronel a una confirmación previa por parte del Ejecutivo, la gobernadora se limitó a indicar que “no conozco las enmiendas”.
A pesar de esto, González Colón insistió en que el comisionado estará facultado para manejar distintos asuntos que conciernen la agencia, como lo es el posible fin del monitoreo federal al que la Policía está sujeta desde el 2013 tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno estatal y federal que dio paso a la Reforma policiaca. Fuente: El Vocero