La administración del gobernador Pedro Pierluisi ha enfrentado el reclamo de 353 demandas por acceso a la información durante este cuatrienio, según datos proporcionados a El Vocero por la Administración de Tribunales.
En la pasada campaña electoral, como candidato, señaló que la transparencia sería el “eje” de su gobierno y que revisaría la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información, que según especialistas legales y organizaciones sin multas de Lucro, suponían facilitar el acceso a la información pública y entienden que ha entorpecido más el proceso.
En su programa de gobierno del 2020 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el entonces candidato indicó que su administración sería transparente desde el primer día, señalando que “la actitud de un gobierno transparente debe ser de apertura y no de suspicacia ante una solicitud”. de información”.
“La transparencia será eje de mi gobierno. Reformaré los procesos de contratación y atraeré el talento más capacitado a nuestras agencias, profesionales que le rindan cuentas al pueblo para quien trabaja”, lee un mensaje en su cuenta en Facebook publicado en octubre de 2020.
De acuerdo con los datos provistos por la Administración de Tribunales, 96 de las demandas por acceso a la información fueron radicadas en el año fiscal 2021-2022, otras 187 se sometieron entre 2022-2023 y otras 70 se presentaron entre el 23 de julio de 2023 y el 10 de abril de 2024.
Mientras 141 de las demandas fueron declaradas “ha lugar”, un oficial de prensa de la agencia explicó que las restantes 212 corresponden a casos que aún están activos, otros en los que el demandante desistió o se le entregó la información y otros que resultaron en un “no ha lugar”.
“El derecho es a la información”
Una de las entidades que más demandas ha radicado contra el gobierno por acceso a la información es el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en 41 instancias, 20 de las cuales han sido en este cuatrienio.
Según el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, quien ha litigado demandas de acceso a la información para el CPI bajo el programa de transparencia de la organización, además de utilizar la falta de empleados como un pretexto para no trabajar la solicitud, algunas agencias han desistido de entregar la información porque no la tienen disponible en el formato que el peticionario la solicitó.
“Pero el derecho es a la información, no al documento”, aclaró.
El presidente del Colegio de Abogados, Manuel Quilichini, señaló que también sucede que algunos jefes y empleados de agencia desconocen la ley o que, por la burocracia de algunas agencias, los peticionarios se desalientan de continuar con la solicitud o de incurrir en gastos para contratar un abogado.
“Todo ese costo es un disuasivo para que no pidas (la información). Si te das cuenta, los que piden información regularmente tienden a ser organizaciones sin fines de lucro que tienen algún capital para hacerlo”, explicó Quilichini.
“Cada pleito que haya que radicar en un tribunal para pedir información va a costar varias millas de dólares si uno contrata a un abogado (…) Todo depende de cuán rápido, porque si yo te pido una información y tú me la das en dos meses , eso tiene un costo. Pero si yo te pido una información y tú me la das en dos años, eso tiene otro costo”, agregó.
El Vocero solicitó al Departamento de Justicia los datos de cuánto ha gastado el gobierno litigando demandas relacionadas con la Ley de Transparencia, pero una portavoz de la agencia informó que, para tratarse de una gran cantidad de casos, necesitan tiempo para auscultar los datos. Fuente: El Vocero.