Foto: Haitianos deportados, retenidos durante la noche en una estación de policía en Cabo Haitiano, a 200 kilómetros de Puerto Príncipe, el lugar de origen de la mayoría de ellos
Cada semana llegan decenas de deportados a la ciudad haitiana de Cabo Haitiano, mientras el gobierno de Donald Trump intensifica sus esfuerzos para expulsar a los haitianos que carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos, y algunos ahora se encuentran varados en un lugar desconocido.
Más de 80 personas fueron devueltas la semana pasada, a menudo únicamente con los pantalones deportivos y las camisetas que proporciona el gobierno estadounidense, y con documentos del tribunal de inmigración en los bolsillos. Muchos que regresaron sin dinero dijeron que sus objetos de valor habían desaparecido durante el viaje y que ahora carecían del efectivo para volver a casa.
La carretera que sale de Cabo Haitiano, en la costa norte de Haití, está controlada por pandillas que cobran peajes a los conductores y secuestran a los viajeros. Cinco policías que intentaron hacer el viaje en autobús recientemente fueron asesinados.
El viernes, un día después de haber sido deportado, Reginald Dorvilma, de 36 años, se encontraba varado fuera de la estación de policía de Cabo Haitiano, haciendo llamadas telefónicas. Necesitaba encontrar la manera de atravesar el territorio controlado por las pandillas hasta Los Cayos, su ciudad natal, al otro lado del país.
Las autoridades de inmigración haitianas le habían entregado a él y a los otros adultos que llegaron en el último vuelo de deportación 10.000 gourdes haitianos, el equivalente a unos 80 dólares. En su primera noche de regreso, dijo, había gastado unos 20 dólares en un hotel de baja categoría y luego había comprado una muda de ropa. Le quedaban menos de 40 dólares.
Reginald Dorvilma, de 36 años, quien fue arrestado hace dos meses en Orlando, Florida, y llegó a Haití el jueves.
“No tengo el dinero para irme”, dijo Dorvilma.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump poner fin al programa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que había protegido de la deportación a 330.000 haitianos en todo el país. Bajo este programa, a las personas que ya estaban en Estados Unidos se les otorgaba permiso para vivir y trabajar en el país de manera legal si provenían de países considerados demasiado peligrosos para regresar. El programa se había extendido en repetidas ocasiones debido a la agitación en Haití, resultante de desastres naturales y violencia extrema de las pandillas.
Con el fin del TPS en julio, el gobierno de Trump aumentó el número de vuelos de deportación a Haití de uno al mes a uno a la semana. Más de 450 personas fueron devueltas en los últimos cuatro vuelos, incluidas algunas que habían ingresado a Estados Unidos legalmente a través de un programa creado por el gobierno de Joe Biden.
La difícil situación de personas como Dorvilma es uno de los desafíos que enfrenta el gobierno haitiano mientras lidia con la llegada, cada jueves, de ciudadanos que regresan a Cabo Haitiano, incluidas personas que no tienen un centavo, algunas que no hablan el idioma local, el criollo haitiano, o creole, y otras con antecedentes penales.
Las autoridades haitianas reconocen que están rebasadas y que es probable que algunos deportados terminen en situación de calle en el norte de Haití.
“Algunos están a la intemperie”, dijo Luz-Kénez Surfin, el jefe de la policía judicial de Cabo Haitiano. “No saben adónde ir”.
El alcalde de Cabo Haitiano, Michel Saint-Croix, dijo que las autoridades haitianas necesitaban más tiempo para prepararse para la ola de deportados. “Yo habría solicitado un retraso de cuatro a seis meses para prepararnos mejor”, dijo.
Los defensores de los derechos humanos dicen que las deportaciones son inhumanas, y señalan que la crisis de las pandillas ha hecho que Haití sea tan peligroso que el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen allí. Unas 3000 personas murieron en los primeros seis meses del año, muchas de ellas a causa de la violencia relacionada con las pandillas.
Como resultado de estas preocupaciones de seguridad, la Administración Federal de Aviación prohíbe que los aviones estadounidenses aterricen en el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, el lugar de origen de la mayoría de los deportados, y a unos 200 kilómetros de Cabo Haitiano.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que “el Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal”, y que “durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”.
El departamento agregó: “Lo que diríamos ahora es: es momento de cerrar, lo que significa que no tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí”.
Dorvilma fue deportado a Haití el jueves luego de haber sido arrestado en julio en Orlando, Florida, después de una pelea con su compañero de cuarto, según muestran los registros. Tenía dinero en el banco, pero dijo que le había dado su contraseña bancaria a un amigo para que lo ayudara a contratar un abogado, y tanto el amigo como el dinero habían desaparecido.
El viaje a casa, calculó Dorvilma, costaría unos 220 dólares por el viaje en autobús a Puerto Príncipe y un mototaxi desde la estación de autobuses hasta el puerto marítimo, donde podría tomar un ferri para evadir otro punto de control de las pandillas. Y eso no incluía, dijo, dinero extra para pagar un posible “peaje” a las pandillas.
Dikenson Gerard, de 29 años, era de Gressier, a una hora al oeste de la capital, donde las condiciones se habían vuelto tan volátiles que su familia había huido a Léogane, otra media hora al oeste. Necesitaba encontrar la manera de llegar allí, pero temía que lo asesinaran en el camino.
“Busco un lugar donde quedarme, porque no hay manera de que pueda regresar a Gressier”, dijo.
Algunos de los deportados recientes tenían antecedentes penales graves, según un documento que la policía haitiana recibió de funcionarios estadounidenses. Otros fueron detenidos después de asistir a audiencias del tribunal de inmigración o de ser arrestados por infracciones menores.
Natacha Antoine, de 42 años, una exauxiliar de enfermería que vivió durante cuatro años en Indianápolis, estaba furiosa.
“¡No me devolvieron mi pasaporte, y mi pasaporte me costó 600 dólares!”, gritó. “No tengo ningún problema en que quieran enviarnos a casa. ¡Mándenos a casa! Pero trátennos como seres humanos”.
Antoine dijo que fue detenida después de que las autoridades la acusaran de estar casada de forma fraudulenta con un ciudadano estadounidense, algo que ella niega. Dijo que el jueves, ella y otras personas a bordo del vuelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a Haití fueron encadenadas, a pesar de que ella y varios más se habían ofrecido como voluntarios para la deportación una vez que quedó claro que no les quedaban opciones legales.
“Hice más por Estados Unidos de lo que Estados Unidos hizo por mí”, dijo Antoine en inglés fluido, y señaló que había cuidado a 10 pacientes en un centro de cuidados.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si los deportados habían sido encadenados, pero Estados Unidos ha defendido desde hace mucho la práctica como un protocolo de seguridad estándar y necesario para proteger tanto a los detenidos como a los agentes que los acompañan.
El comunicado del departamento decía que las pertenencias personales de los deportados fueron retiradas y guardadas de forma segura mientras estaban bajo custodia y que les fueron devueltas a su llegada a Cabo Haitiano. Los funcionarios de inmigración haitianos no respondieron a una solicitud de comentarios.
Pero varias personas que llegaron en el vuelo del jueves dijeron que sus teléfonos, joyas e incluso un par de sandalias de 150 dólares habían desaparecido. Seguir leyendo: The New York Times