Como periodista proveniente de un país donde durante años he visto como algo normal regalos, invitaciones y atenciones especiales a periodistas y comunicadores, me llamó profundamente la atención el caso de Daniella Guzmán, presentadora de KPRC 2 en Houston, suspendida temporalmente mientras la televisora investigaba la aceptación de entradas gratuitas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA y un concierto de Bruno Mars. Después ella regresó al aire y se disculpó.
No fue el valor de las entradas lo que más me sorprendió. Fue comprobar que una empresa periodística podía considerar que aceptar esos regalos constituía un problema ético que debía investigarse.
El caso me llevó a mirar los códigos de ética y manuales internos de importantes medios estadounidenses. The New York Times, The Washington Post, Associated Press, Reuters y Los Angeles Times, entre otros, han establecido normas escritas destinadas a orientar la conducta de sus periodistas frente a conflictos de interés y otras situaciones capaces de afectar su credibilidad.
No sería exacto afirmar que los códigos de ética han desaparecido de nuestra región. Existen códigos de asociaciones profesionales, colegios de periodistas y algunos medios. El problema es otro: muchos son antiguos, poco conocidos por las audiencias, débiles en mecanismos de aplicación o insuficientes frente a nuevas formas de relación entre prensa, poder político y poder económico.
En demasiados casos, la ética queda reducida a declaraciones generales sobre verdad y responsabilidad, sin mecanismos visibles de rendición de cuentas frente a las audiencias que los observan.
Entonces surgen preguntas incómodas.
¿Por qué tantos medios no hacen públicos códigos internos claros? ¿Por qué algunas normas parecen dirigidas principalmente al reportero y no con igual rigor a propietarios, directores y ejecutivos? ¿Qué ocurre cuando quienes administran la empresa periodística mantienen relaciones comerciales, reciben beneficios o desarrollan vínculos con los mismos sectores que sus redacciones deben fiscalizar?
Y hay otra pregunta todavía más profunda: ¿por qué puede existir tanta laxitud frente a conductas que comprometen, o aparentan comprometer, la independencia periodística?
Un código no garantiza honestidad. Tampoco elimina por sí mismo los conflictos de interés. Pero fija límites, define responsabilidades y permite a periodistas y ciudadanos preguntar si el comportamiento de un medio coincide con los principios que proclama.
Ahí comienza el verdadero debate.
La prensa exige transparencia a políticos, jueces, empresarios, iglesias, universidades y funcionarios públicos. Investiga sus relaciones, cuestiona sus privilegios y reclama explicaciones cuando aparecen conflictos de interés.
¿Está dispuesta a someterse al mismo escrutinio?
En los próximos artículos revisaremos, uno por uno, los códigos y manuales de varios grandes medios estadounidenses.
Después podremos volver la mirada hacia nuestra región.
Porque el verdadero problema no es solamente que un código exista o no exista. Es saber si alcanza a todos, si se cumple y quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo cumplir.