Foto: La exlegisladora María Milagros Charbonier y su esposo (detrás a la derecha) fueron sentenciados a prisión.
A lo largo del 2024, fueron sentenciadas a prisión numerosas figuras vinculadas a esquemas de corrupción gubernamental, como la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier, los exalcaldes Félix “El Cano” Delgado y Ángel Pérez y el empresario Oscar Santamaría.
El año arrancó con la continuación del juicio por conspiración, lavado de dinero, hurto de fondos federales, soborno, fraude electrónico de servicios honestos y comisiones ilegales (kickbacks, en inglés) que involucró a la exlegisladora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y su esposo, Orlando Montes Rivera- exempleado de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)- que culminó en un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos en la tarde del 12 de enero.
Poco más de cuatro meses después, Charbonier, quien fue señalada como la “mente maestra” detrás del esquema de corrupción gubernamental que le costó al pueblo de Puerto Rico más de $100,000, fue condenada a ocho años de prisión, mientras que Montes Rivera fue sentenciado a cuatro año y nueve meses.
En este caso, el esquema también incluyó a la exrecepcionista de la oficina legislativa de Charbonier, Frances Acevedo Ceballos, a quien se le infló el salario entre 2017 y 2020 hasta llegar a $8,000 mensuales, para que luego realizara ‘kickbacks’ en pagos bisemanales de $1,500.
Durante el juicio de Charbonier se sentó en el banquillo de testigos Roxanna Sifre, quien posteriormente regresó en marzo a la corte federal para acompañar su exesposo, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, para la vista de sentencia en la que el juez federal Raúl Arias Marxuach le impuso un año de prisión, a pesar de que tanto la defensa como la fiscalía solicitaron libertad supervisada.
Entre los factores que el juez tomó en consideración figuró el hecho de que el estimado de pérdidas provocadas por los múltiples esquemas de corrupción que protagonizó Delgado ronda los $17 millones.
A pesar de figurar como colaborador de múltiples casos, incluyendo los que terminaron en convicción para los empresarios Raymond Rodríguez, Mario Villegas Vargas y José Bou Santiago, el exalcalde solo hizo admisión de culpabilidad por autorizar un contrato de arrendamiento de dos guaguas a la empresa Waste Collection, de Oscar Santamaría, por $47,970.
Un mes previo el convicto empresario tuvo su cita con la justicia, siendo ordenado a una pena de dos años y seis meses de encarcelamiento y una restitución de $6 millones. Sus esquemas de obtención de contratos a través de sobornos abarcaron municipios como Aguas Buenas, Trujillo Alto y Humacao.
En ese sentido, otro de los conspiradores de Santamaría, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, también fue condenado en febrero a cinco años y tres meses de prisión por cargos criminales de soborno, extorsión y ‘kickbacks’.
Esta sentencia ocurrió a casi un año de la conclusión del juicio durante el cual el convicto empresario admitió en sala que realizó pagos mensuales de $5,000 para conseguir contratos y beneficios del municipio desde finales del 2018.
En el transcurso del 2024 también desfilaron por los pasillos de la corte federal de Hato Rey, en San Juan, Martín Cruz Vázquez y Luis O. Agosto Meléndez, cuyas compañías, FiveStar Pest Control y CoolBreeze Air Conditioning, respectivamente, estuvieron envueltas en una confabulación protagonizada por los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern, para emitir facturas infladas y certificaciones falsas que llevó al hurto de $3,712,000 provenientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés) para brindar servicios a 5,017 unidades de vivienda pública en 12 municipios.
En el caso de Cruz Vázquez, se le ordenó restituir $363,937 además de que tendrá que pasar tres años bajo libertad supervisada, mientras que Agosto Meléndez tendrá que estar dos años en las mismas condiciones y devolver $73,199 al gobierno federal.
Pendiente el juicio contra exgobernadora
Por el contrario, el inicio del juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini por conspiración, soborno y fraude electrónico fue pospuesto en dos ocasiones y es que en marzo la jueza Sylvia Carreño Coll lo movió de finales de noviembre del 2024 para enero del 2025 y posteriormente se aplazó hasta agosto del año entrante, debido al volumen de la prueba en el caso.
Secuestros, asesinatos y crimen ambiental
Además de la corrupción gubernamental, la corte federal fue epicentro de los desenlaces de otros casos relacionados a otras modalidades delictivas que estremecieron al País, como el secuestro de tres empleados del restaurante El Hipopótamo -ubicado en la zona de Río Piedras- y el cual dejó como saldo la muerte de Jesús Francisco Pérez, de 15 años.
Por este crimen, Geofley Jomar Pérez fue sentenciado el pasado mes de noviembre a 31 años y nueves meses de prisión, pena recomendada por la fiscalía, al apuntar la evidencia a que fue él quien disparó un arma de fuego durante el fatal atraco.
En junio, Luis Antonio Cádiz Martínez -testigo estrella y coacusado en el caso del exboxeador Félix Verdejo- fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su rol en el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y el menor por nacer que se encontraba en su vientre.
Asimismo, Bryan Xavier Pérez Hernández fue condenado a 19 años y siete meses de cárcel por coaccionar a una menor de 13 años -que murió en agosto de 2023- a producir material sexual y traficar drogas.
La pornografía infantil y la explotación de menores fueron otros de los delitos recurrentes a lo largo del 2024.
Otro tipo de actividad criminal por la cual se pasó juicio en el tribunal federal fue la de índole ambiental y es que en septiembre el dueño de la hospedería El Cacique Resort, Rafael Carballo Díaz, fue sentenciado a un año de cárcel, al tiempo que se le impuso una multa de $4,000, tras admitir que ordenó el depósito de material de relleno traído en camiones con el fin de establecer en el lugar seis unidades de vivienda y una piscina.
Asimismo, a Nathaniel Hernández Claudio -quien fungió como anfitrión y gerente del negocio que operó bajo el modelo de renta a corto plazo- se le castigó con un año en probatoria por su participación en el crimen ambiental que incluyó, según su admisión de hechos, haber tramitado la transportación del material de relleno depositado en el lugar.
Activa la esfera estatal
De manera similar, las cortes estatales también fueron escenarios de procesos de alto perfil, como fue el juicio que concluyó en septiembre con un veredicto de culpabilidad en contra de Mayra Nevárez Torres por la muerte de Justin Santos, hermano del cantante urbano Arcángel, en un accidente de tránsito en el Puente Teodoro Moscoso.
Mientras que el Departamento de Justicia se apuntó un triunfo en el Tribunal de Apelaciones al lograr la revocación de una decisión del Tribunal de Primera Instancia de conceder el privilegio de sentencia suspendida a Carlos Julián Maldonado Dávila, quien había sido condenado a dos años de cárcel por provocar la muerte de la joven Natalia Ayala Rivera.
Por el contrario, el Ministerio Público no prevaleció cuando llevó en alzada una vista de causa probable para arresto contra seis agentes de la Policía imputados de matar a tiros a Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años de edad, en medio de una intervención.
A nivel local también se vio el caso de Jiován Ortiz Soto, quien en octubre fue hallado culpable por cargos de asesinato en primer grado, incesto y agresión sexual, relacionados con la violación y muerte de su hija de dos años, April Thais Ortiz Quiñones.
Similarmente, Roy George Karakozian, fue hallado culpable del asesinato a balazos de los hermanos Rosa Judith y Ángel Calderón Pérez, en la entrada de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Caguas, por lo que fue condenado a 129 años de prisión. Fuente: El Vocero.