Por Wilson Hernández
Editor El Sol Magazine
¿Es necesariamente verdad todo aquello que establece el Estado? ¿Una sentencia judicial determina la totalidad de la verdad sobre un acontecimiento? ¿Debe la prensa aceptar como definitiva la versión ofrecida por las instituciones públicas?
En una democracia, el Estado habla. Habla a través del presidente, los ministerios, la Policía, los organismos fiscalizadores y los tribunales. Sus informes, estadísticas, auditorías y sentencias adquieren carácter oficial.
El problema comienza cuando esa verdad oficial deja de ser una versión institucional susceptible de ser examinada y contrastada, y termina convirtiéndose en la única verdad socialmente aceptada.
A eso podríamos llamarle la verdad del Estado.
No significa necesariamente que sea falsa. Puede ser cierta, parcialmente cierta o jurídicamente válida. Pero también puede ser incompleta.
Frente a ella existe otra dimensión: la verdad de los hechos, aquella que el periodismo debe intentar reconstruir mediante documentos, testimonios, estadísticas, peritajes y confrontación de versiones.
Un ejemplo permite entender la diferencia. El 8 de abril de 2025 se desplomó el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocando una tragedia. El caso está en los tribunales y corresponderá a la justicia establecer responsabilidades penales, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Pero supongamos que después de agotarse el proceso los acusados fueran absueltos o sus responsabilidades considerablemente reducidas.
Esa decisión constituiría una verdad jurídica.
Sin embargo, ¿terminaría ahí la investigación periodística?
No debería.
Una sentencia puede cerrar un proceso penal, pero no todas las preguntas de interés público. ¿Por qué colapsó la estructura? ¿Qué inspecciones se realizaron? ¿Existieron fallas de mantenimiento? ¿Funcionaron correctamente los mecanismos de supervisión del Estado?
La cosa juzgada obliga jurídicamente; no obliga al silencio de la prensa.
Lo mismo ocurre con el Poder Ejecutivo. Si el gobierno informa que la economía marcha bien, una prensa débil simplemente reproduce: la economía marcha bien. Una prensa independiente pregunta: ¿bien para quién? Si asegura que la delincuencia ha disminuido, la obligación del periodista es verificar las estadísticas, comparar períodos y consultar fuentes independientes.
La función del periodismo no es contradecir al Estado por sistema. Es verificarlo.
Igual ocurre con los organismos fiscalizadores. Si una institución auditora concluye que determinado organismo administra correctamente sus recursos, ese informe es importante, pero no necesariamente el final de la investigación. El periodista puede revisar contratos, compras, adjudicaciones, nóminas y conflictos de intereses.
En los países donde existe una prensa independiente, fuerte y comprometida con la democracia, el Estado encuentra instituciones periodísticas capaces de contrastar sus versiones. Donde esa prensa no existe, la versión oficial comienza a reproducirse hasta adquirir apariencia de verdad absoluta.
El gobierno habla. Los medios reproducen. Los comentaristas repiten. La sociedad acepta.
Por eso el periodismo constituye un contrapoder democrático. No porque sea dueño de la verdad, sino porque su obligación ética consiste en dudar, verificar, contrastar e investigar.
La independencia periodística no consiste en afirmar que el Estado miente. Consiste en impedir que alguien tenga el monopolio de la verdad.
Una democracia necesita gobiernos transparentes, tribunales fuertes, organismos fiscalizadores creíbles y una prensa capaz de examinarlos a todos.
Cuando desaparece esa capacidad de cuestionamiento, dejamos de hablar de información pública y comenzamos a acercarnos peligrosamente a la verdad oficial.