A pesar de la ola de cuestionamientos sobre el rol de Josué Colón Ortiz en el proceso que llevó al fallido contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y un consorcio que incluyó a las empresas Power Expectations LLC y Enchanted Rock para proveer 400 megavatios de generación temporal, la gobernadora Jenniffer González Colón defendió la gestión del zar de Energía.
“Su rol es de fiscalización, su rol es que tengamos energía, su rol es de hacer el trabajo de las alianzas público-privadas y él no ha fallado en ninguna de esas cosas. Al revés, ha aumentado la capacidad de generación (de electricidad) en Puerto Rico”, afirmó la mandataria sobre el también director ejecutivo del director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
“El zar está haciendo su trabajo”, insistió.
De esta manera, González Colón despachó las interrogantes planteadas en las pasadas semanas con relación al flujo de información de parte de la AAPP y la oficina de zar al resto de las entidades que estuvieron involucradas en el trámite contractual —entre las cuales figuran la Junta de Gobierno de la AEE y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR)— sobre las alegaciones presentadas por la matriz de Enchanted Rock, eRock, sobre presuntos intentos de soborno de parte de Power Expectations LLC que no salieron a relucir ante la opinión pública hasta que la Junta de Control Fiscal (JCF) las dio a conocer en varias misivas enviadas en agosto.
Integrantes de la Comisión cameral de Gobierno dieron a conocer que solicitarán al zar de Energía y las juntas directivas de la AEE y AAPP que releven de los privilegios de abogado-cliente al licenciado Juan González Galarza y es que en una vista pública efectuada el jueves pasado no quedó claro si el asesor legal informó a las dependencias de los señalamientos, luego de haber sido incluido en una comunicación de ERock emitida el 17 de junio al exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares, cuya firma, Regulatory Compliance Services (ReComS), opera la entidad que tuvo a su cargo el proceso de contratación, la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés).
A preguntas de El Vocero con relación a si tanto Colón Ortiz como el abogado deben aclarar para el récord público cuándo advinieron en conocimiento del presunto intento de extorsión por parte de Power Expectations LLC para forzar la participación de Enchanted Rock en el acuerdo valorado en $5,900 millones, la gobernadora respondió que “lo que pasa es que todo esto se ha convertido en un día una cosa, en otro día otra cosa”.
“Hay que esperar que las agencias que tienen la jurisdicción sobre esto, que son (Departamento de) Justicia y las agencias federales a las que todo esto se ha sometido (referidos), emitan su juicio porque las opiniones de todo el mundo sobre qué debió haberse hecho o no deben recaer sobre las agencias que tienen el peritaje para hacerlo”, abundó.
El 19 de agosto, el licenciado Carlo Linares reveló en exclusiva a este medio que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ya tenía en sus manos un referido sobre las múltiples acusaciones y partes presentadas por las empresas Power Expectations LLC y ERock que llevaron a la cancelación del contrato.
Previo a esto, Colón Ortiz había anunciado que, a través de la AAPP, había enviado referidos a Justicia estatal y otras agencias federales, sin especificar cuáles. Seguie leyendo: El Vocero