La agente especial a cargo de la oficina de San Juan de la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, en inglés), Rebecca González Ramos, confirmó a El Vocero que el gobierno estatal proveyó información sobre licencias de conducir expedidas a personas que carecen de un estatus migratorio definido.
“Ya hemos recibido una información, no puedo especificar cuánta en específico, ya que esto lo está manejando nuestra Oficina de Inteligencia, pero en efecto, ya recibimos información del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y estamos trabajando de la mano con ellos”, expresó la funcionaria federal.
Con relación al manejo de los datos de las más de 6,000 licencias de conducir expedidas en la Isla a personas que, al momento de la solicitud carecían de un estatus migratorio definido, González Ramos indicó que el objetivo principal es comparar la información con las listas de órdenes de deportaciones finales emitidas por el gobierno estadounidense.
“También queremos identificar a cualquier persona que tenga un récord criminal activo violento para entonces poder removerlos”, agregó.
La información ofrecida por la agente especial contrasta con las declaraciones escritas suministradas por el DTOP, que aseguró que la agencia “no mantiene acuerdos de colaboración con ninguna agencia externa respecto al uso de su sistema de información”.
“En este caso particular, la División Legal del departamento (DTOP) respondió a un requerimiento (subpoena) debidamente emitida por una autoridad competente, como lo exige el debido proceso de ley”, especificó la agencia al subrayar que “este tipo de requerimientos, que puede estar vinculado a investigaciones relacionadas con la posible comisión de delitos, exige un manejo riguroso y confidencial de la información conforme al ordenamiento jurídico vigente”.
En ese sentido, el DTOP advirtió que, por disposiciones legales, “está impedido de divulgar detalles adicionales sobre el contenido o propósito del requerimiento”.
Cabe destacar que la jefa de la oficina local de HSI mencionó a EL VOCERO que toda solicitud de información que emite HSI a los gobiernos estatales está acompañada de una subpoena administrativa.
“Aquí en Puerto Rico no he tenido la situación en cuanto a ellos (gobierno estatal) negarse a proveer información. Al contrario, desde el principio el gobierno ha sido colaborador y ha tenido una comunicación abierta”, subrayó.
Según la directiva de HSI, este escenario contrasta con otros estados en los que el Ejecutivo se ha negado a colaborar con la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha sido implementada por medio de operativos en espacios públicos y allanamientos bajo el pretexto de diligenciamiento de órdenes de deportación.
“Ha habido varios estados que no han estado colaborando con la misión del gobierno federal y se han visto afectados por recortes de fondos federales y que hubo repercusiones, pero no sé en qué magnitud”, reclamó.
Exigen fin de la colaboración
Por otro lado, la directora ejecutiva de la organización Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, exigió al gobierno que desista de compartir información y datos de las personas inmigrantes que residen en Puerto Rico.
“La colaboración del gobierno de Puerto Rico con ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) es una alta traición al pueblo de Puerto Rico que históricamente ha convivido con las comunidades inmigrantes en nuestro País y contradice toda noción básica de derechos humanos, justicia y solidaridad”, afirmó Narváez.
La activista en favor de derechos humanos planteó que el gobierno estatal debe seguir modelos de jurisdicciones santuario en otras partes del mundo, que incluyen iniciativas como la prohibición de participación directa o indirecta de agentes de la Policía en operativos de inmigración, la protección de la confidencialidad de datos personales de inmigrantes y garantizar el acceso igualitario a servicios esenciales sin importar el estatus migratorio.
“Las redadas, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo de personas migrantes en Puerto Rico no solo se están intensificando, sino que ocurren bajo total impunidad. Estamos siendo testigos de una normalización peligrosa del racismo y la violencia de estado. Es una emergencia democrática. Se están desmantelando derechos fundamentales ante nuestros ojos y el gobierno de Puerto Rico, lejos de proteger a las comunidades más vulnerables, las expone a la violencia, a la separación de familias, al encarcelamiento sin el debido proceso”, recalcó Narváez.
De manera similar, se expresó la delegación en la Cámara de Representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que emplazó públicamente al gobierno a no acceder a peticiones de información realizadas por las autoridades federales para rastrear a inmigrantes.
“El gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice y hacerse de la vista larga mientras se mancilla la dignidad de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, que ya están integradas plenamente en nuestra sociedad, y contribuyen en todos los ámbitos de nuestras vidas”, manifestó la representante Adriana Gutiérrez Colón, quien destacó que “en las pasadas redadas han sido detenidas personas sin órdenes judiciales, incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado, e incluso a una mujer puertorriqueña”.
Mientras que los representantes independentistas Denis Márquez Lebrón y Nelie Lebrón Robles recordaron que en febrero de 2025 su delegación radicó el proyecto de la Cámara 331 para proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Fuente: El Vocero.