La directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, advirtió que la red eléctrica se encuentra en un estado crítico, por lo que, a pesar de los esfuerzos que realizarán en los próximos meses para estabilizar el sistema, el País podría experimentar apagones durante el verano.
“La situación está difícil y cuando venga el pico del verano pudiéramos tener eventos mayores. Nuestra meta es tratar de prevenirlos, pero la situación está en un punto que, aun tomando medidas, es posible que ocurra. Vamos a trabajar para que no ocurran, pero pueden ocurrir, así que es importante que el pueblo esté consciente de que tomar el control de esto nos va a tomar un tiempo”, subrayó la funcionaria, natural del pueblo de Lajas.
De acuerdo con la funcionaria, el proyecto prioritario de la corporación pública para los próximos meses será añadir las últimas tres turbinas de combustión que forman parte del grupo de 17 unidades temporeras adquiridas por el gobierno y que habían sido utilizadas originalmente por el gobierno federal para suplir energía al País tras el paso del huracán Fiona en 2022.
“Hay tres de las unidades que se supone que lleguen en los próximos meses, pero para poderlas operar necesitamos instalar unos dispositivos para reducción de emisiones al aire, (que) es un requerimiento de la EPA (la Agencia federal de Protección Ambiental. Nuestra prioridad ahora mismo es poder completar ese proyecto antes de verano, cuestión de que esa capacidad generatriz adicional confiable pueda estar en línea para cuando suba la demanda”, abundó.
Zapata Acosta reconoció que las regulaciones federales relacionadas con la salud y el medioambiente también limitaron el uso de las otras 14 unidades que ya están en manos de la AEE debido a que tampoco contaban con los controles de emisiones necesarios.
“De igual forma hay otras unidades en la flota que están limitadas por el Plan de implementación Estatal de Reducción de Emisiones al Aire que hasta nos requiere retirar unidades que ahora mismo están en servicio y no las podemos retirar, por lo que hay unos incumplimientos”, señaló la directora ejecutiva, al añadir que también hay incumplimiento de regulaciones relacionadas con particulado emitido al aire.
Zapata Acosta, quien es la primera mujer en dirigir la AEE, explicó que la corporación pública llegó a un acuerdo por consentimiento con la EPA sobre el uso de las unidades existentes que no cumplen con regulaciones federales; pero, a pesar del acuerdo, se ha impuesto multas.
“Generalmente, esos acuerdos por consentimiento, ellos saben que vamos a incumplir por la operación diaria y entonces resulta en que todos los meses hay que pagar alguna multa a EPA. Eso cuesta, eso tiene un costo al consumidor”, reiteró.
Ante la situación, la Oficina del zar de Energía y la gobernadora Jenniffer González estarán solicitando a la administración del presidente Donald Trump “una flexibilidad en cuestión ambiental”, reveló Zapata Acosta.
“La meta de nosotros nunca ha sido incumplir, sino que nos permitan espacio y tiempo para hacer proyectos como el de conversión a gas natural y continuar la integración de energías renovables de manera organizada y sin poner en riesgo la confiabilidad y seguridad de la red eléctrica. No debemos hacer proyectos que sean tan onerosos para cumplir ambientalmente que entonces el costo de la electricidad sea tan alto que la crisis económica que ya tenemos en Puerto Rico empeore”, comentó
Dos a cinco años conversión a gas natural
Otro de los proyectos de alto interés para la AEE es la conversión de las unidades de las principales centrales del País, de manera que puedan producir electricidad utilizando de combustible gas natural en vez de derivados de petróleo.
“En unidades termoeléctricas grandes, como Aguirre, las unidades 3 y 4 de Palo Seco, 7 a 10 de San Juan, cada dos unidades pudiera tardar entre los 12 a 24 meses, dependiendo de que estén los equipos, que se apruebe todo, que la Agencia de Protección Ambiental federal también nos dé los permisos y los ‘waivers’”, detalló.
En ese sentido, la directora ejecutiva destacó que para estos trabajos es necesario el visto bueno del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debido a que el ente regulador asumió jurisdicción sobre este tipo de proyecto.
“Necesitamos que ellos (NEPR) nos autoricen ese tipo de proyecto para entonces poder realizar las conversiones, porque ya FEMA (Agencia para el Manejo de Emergencias) nos había dicho que podían cubrir los gastos de las conversiones, pero que necesitábamos la autorización del Negociado”, sostuvo.
Zapata Acosta estimó que la totalidad de las unidades podrían estar operando con gas natural dentro de un periodo de 2 a 5 años, dependiendo de las dificultades en la cadena de suministro.
Frustración con Luma
A juicio de la directiva, uno de los mayores obstáculos en la estabilización del sistema ha sido la empresa Luma Energy, la cual tiene a su cargo el manejo del componente de transmisión y distribución por medio del mecanismo de Alianza Público Privada (APP).
“Ha sido bien frustrante. Mientras el ingeniero Josué Colón estuvo como director de AEE, le escribió cientos de cartas a Luma específicamente. Se han radicado cientos de emociones ante el Negocio de Energía y muchísimas otras a la Junta de Supervisión Fiscal, Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), pero lamentablemente no tuvimos los resultados que se esperaban”, relató.
Además de las misivas, Zapata Acosta reveló que la AEE le hizo recomendaciones a la gerencia de Luma sobre prioridades, mantenimiento y la operación del sistema.
“Lamentablemente, no nos escucharon y los resultados los vimos tan recientemente como el 31 de diciembre, con un apagón total de Puerto Rico por un cable. Realmente la respuesta de Luma ha sido deficiente una y otra vez”, concluyó. Fuente: El Vocero.