La exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declarará culpable de un cargo menos grave por contribuciones recibidas de parte de una persona extranjera, lo que está prohibido bajo el Código Electoral federal, según consta en una moción sometida ayer ante la jueza Silvia Carreño Coll.
Sus coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini también se declararán culpables del mismo delito.
Aunque el pasado lunes 16 de junio se informó que luego de semanas de negociaciones en Washington D. C. se había alcanzado un acuerdo con la fiscalía federal, cuyo objetivo era evitar entrar en un juicio, no se habían informado los detalles. La jueza Carreño Coll ordenó que tenían hasta ayer para que se le brindara información completa y específica sobre el acuerdo del que se le había mantenido “a oscuras”.
La moción conjunta en respuesta detalla que se desestimará el pliego acusatorio original para dar paso a un “information” por cada coacusado, lo que implica que no requiere de un Gran Jurado para su emisión. En su lugar, el gobierno presentará una nueva acusación por un delito menor relacionado con aportaciones que habría hecho Rossini a campañas políticas sin ser un ciudadano estadounidense.
Asimismo, se le informó a la jueza que los tres están disponibles para comparecer a una nueva vista de lectura de cargos y aceptación de culpabilidad el 30 de junio de 2025 o el 1 de julio de 2025.
Sin embargo, insistieron en que debido a que los acuerdos implican delitos menos graves, la vista se puede realizar por videoconferencia.
La jueza determinará la fecha para que las partes oficialicen el acuerdo y determinará si lo acepta o lo modifica.
El Código Electoral federal prohíbe que un ciudadano extranjero, directa o indirectamente, realice una contribución o donación de dinero u otro objeto de valor, o haga una promesa expresa o implícita de realizar una contribución o donación, en relación con una elección federal, estatal o local; o que haga una contribución o donación a un comité de un partido político; o un gasto, gasto independiente o desembolso para una comunicación electoral. También prohíbe que una persona solicite, acepte o reciba una contribución o donación de un ciudadano extranjero.
Los cargos originales eran por conspirar para ejecutar un esquema de soborno y fraude. Según las alegaciones judiciales, Herrera Velutini encabezó dos esquemas separados de sobornos. En el primero, presuntamente conspiró con Rossini para ofrecer dinero y apoyo a la campaña política de Vázquez Garced a cambio del despido de George Joyner del cargo de comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Según el pliego acusatorio, Vázquez Garced siguió al pie de la letra las instrucciones y despidió al funcionario. El segundo complot intentó detener la pesquisa a través de aportaciones a la campaña de Pedro Pierluisi.
Vázquez Garced era la secretaria de Justicia cuando Ricardo Rosselló Nevares renunció a la gobernación en medio de una crisis política. Debido a un vacío en la línea de sucesión y luego de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Pedro Pierluisi, recayó sobre los hombros de Vázquez Garced asumir el cargo al que juró el 7 de agosto de 2019.
Aunque en principio había asegurado que no aspiraría a la gobernación en las próximas elecciones, luego anunció su candidatura, lo que le llevó a enfrentarse en primarias sin éxito contra Pierluisi.
Su arresto se produjo casi tres años después, el 4 de agosto de 2022, y se le acusó de conspiración, soborno y fraude electrónico.
El esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla la entidad Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la OCIF. De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en el hecho de que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistía en que la entonces gobernadora destituyera al director de la OCIF y, en su lugar, nombrara a una persona que no continuara la investigación contra el banco. Fuente: El Vocero