El gobierno del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, está permitiendo que funcionarios federales de inmigración operen en Rikers Island para trabajar en investigaciones criminales relacionadas con pandillas y drogas en el centro de detención más grande de la ciudad .
Pero los grupos de derechos de los inmigrantes y los críticos de Adams calificaron la orden ejecutiva del martes como un preocupante quid pro quo después de que los fiscales federales retiraron los cargos de corrupción contra el demócrata para que pudiera ayudar a apoyar la ofensiva del presidente republicano Donald Trump contra la inmigración ilegal .
Adams anunció planes para permitir que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas reanuden sus operaciones en la cárcel en febrero después de reunirse con el zar fronterizo de Trump, Tom Homan , aunque los detalles del acuerdo no se dieron a conocer hasta la orden del martes.
El complejo carcelario de Rikers Island, ubicado en una isla de difícil acceso en el East River, ha padecido durante mucho tiempo un desorden y una negligencia desenfrenados y enfrenta una posible toma de control federal .
La orden autoriza a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, que se centra en el crimen transnacional, a tener una oficina en la cárcel para trabajar con funcionarios penitenciarios de la ciudad en investigaciones criminales y esfuerzos de «intercambio de inteligencia relacionada» centrados en criminales violentos y pandillas, delitos cometidos en las cárceles y tráfico de drogas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solía tener presencia en Rikers para facilitar el traslado de inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos a custodia federal para su deportación. Sin embargo, la ley de santuario de la ciudad de 2014 prohibió las operaciones del ICE en sus cárceles.
La orden de la alcaldía también permite que otras agencias federales, incluido el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, tengan espacios de oficina en la cárcel para ayudar con investigaciones relacionadas con pandillas y drogas.
La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, dijo que la decisión de Rikers se encuentra entre una serie de “acontecimientos recientes muy preocupantes” desde que se retiraron los cargos criminales de Adams.
“Es difícil no ver esta acción como conectada con la desestimación del caso del alcalde y su disposición a cooperar con la agenda de deportación extrema de Trump que está expulsando a los residentes sin justificación ni debido proceso”, dijo el presidente del consejo en un comunicado.
El demócrata, que no tiene parentesco con el alcalde y lo desafiará en las próximas elecciones, dijo que el consejo está revisando la orden para ver si se ajusta a la ley de santuario de la ciudad .
El alcalde Adams desestimó las sugerencias de un quid pro quo.
“No hay ninguna obligación”, dijo durante una entrevista radial el miércoles.
El alcalde también enfatizó que la orden establece expresamente que a los oficiales federales que operan en Rikers no se les permitirá llevar a cabo medidas de control migratorio que no estén relacionadas con casos criminales.
“No podemos colaborar con el ICE en la aplicación de la ley civil, pero sí en la aplicación de la ley penal. Eso es lo que estamos haciendo”, declaró a WINS. “Es totalmente conforme a la ley”.
Randy Mastro, el primer teniente de alcalde de Adams, quien emitió la orden, señaló que la ciudad tenía un acuerdo similar con el ICE hace más de una década. Sin embargo, esta vez, el enfoque se centrará exclusivamente en las investigaciones criminales, afirmó. Fuente: AP