En menos de un mes, debe reanudarse el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como la solicitud presentada por los bonistas objetores para evaluar la posibilidad de nombrar un síndico que asuma la administración de la corporación pública.
Esto, tras la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain, el pasado mes de octubre, de extender hasta el próximo 31 de enero la moratoria bajo el Título III.
Sin embargo, aún existen discrepancias sobre el repago de los acreedores de la AEE.
Recientemente, el Primer Circuito de Apelaciones decidió no atender un recurso de la Junta de Control Fiscal (JCF), que buscaba aclarar la fuente de repago de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el proceso de reestructuración de sus obligaciones.
La única alternativa que le queda a la junta, sería llevar su caso ante el Tribunal Supremo federal, lo cual podría ser un panorama difícil, según el abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a los acreedores del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE y a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
“Eso siempre es cuesta arriba, porque el Supremo acepta el 1% de los casos que se le presentan. Si la Junta presentó un certiorari y se lo deniegan, quedaría como final y firme la opinión del circuito, que establece que los bonistas son bonistas asegurados”, explicó Emmanuelli.
El certiorari es un recurso judicial que permite a un tribunal superior revisar una decisión de un tribunal inferior o de un organismo gubernamental.
Cabe destacar que el Primer Circuito de Apelaciones había concluido que los bonistas de la corporación pública poseen una reclamación valorada en sobre $8,000 millones, en lugar de los $2,300 millones que la jueza Laura Taylor Swain había estimado.
Sin embargo, el aspecto clave de la decisión radica en que esta considera asegurados únicamente los ingresos netos, una condición que, según Emanuelli, la Autoridad no tiene.
“En realidad, a mi juicio, y los expertos que han mirado esto con seriedad coinciden, la Autoridad no tiene ingresos netos”, sostuvo. Esta falta de ingresos netos significa que “la garantía de los bonistas no existe”, dejando en manos de la jueza una resolución crucial en este complejo proceso financiero.
Analizan la creación de un síndico
De acuerdo con el abogado y analista político Iván Rivera, la consecuencia de no llegar a un acuerdo en cuanto a la fuente de repago, pudiera llevar a que la jueza desestime el proceso de quiebra de la Autoridad.
“Es decir que, si el juez desestima la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, los acreedores van a pedir el nombramiento de un síndico para que administre” la corporación, explicó Rivera durante un programa especial de este rotativo.
En entrevistas previas, el ahora exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, había advertido que la designación de un síndico podría redundar en un aumento en la tarifa energética.
Sin embargo, a juicio del licenciado Fernando Agrait, principal asesor legal del Instituto de Competitividad Económica (ICSE), esto, aunque cierto, no es tan sencillo.
“Esto es una de las opciones que tienen los bonistas, y que estuvo detenida por virtud del procedimiento ante la juez Swain. Así que, en estricta teoría, desestimada la quiebra, los bonistas tendrán todos los remedios que tienen bajo su contrato de préstamo. Pero, otra cosa es: ¿Qué puede hacer el síndico? Porque el síndico no puede subir las tarifas. Toda determinación de alteración de las tarifas es del Negociado de Energía (NEPR). Por lo tanto, el síndico unilateralmente no puede hacerlo”, explicó Agrait.
El abogado indicó, además, que esto es algo que pudiera haber hecho bajo la vieja ley en que la AEE era la que fijaba las tarifas, pero que ya no posee ese poder.
Este síndico, a cambio, tendría que solicitar al NEPR un aumento en la tarifa eléctrica para garantizar el pago a los bonistas de la AEE. Sin embargo, destacó que esta medida enfrenta una limitación económica seria.
“La propia Junta de Supervisión Fiscal ha señalado que la economía de Puerto Rico no resiste un aumento de tarifa significativo”, afirmó Agrait.
Enfatizó que cualquier incremento propuesto, como uno de diez centavos por kilovatio-hora (que se ha sugerido en ocasiones previas) tendría consecuencias adversas.
“Los economistas advierten que, a mayor precio, menor consumo, lo que podría llevar al Negociado a decidir que no puede autorizar ese aumento”, puntualizó.
Cada vez menos clientes dependientes de la redSin embargo, la reducción en consumo es algo que, inclusive, ya está sucediendo, con un aumento sustancial mensualmente de clientes que están adquiriendo sistemas de placas solares, para dejar de depender únicamente de la red eléctrica de la Isla.
Hasta septiembre, en Puerto Rico había sobre 135,000 sistemas de placas solares instalados a nivel residencial, para un promedio de 3,300 instalaciones mensuales. Los datos del último trimestre del año (octubre a diciembre) aún no han sido publicados.
De acuerdo con el economista Ramón Cao, quien también colabora con el ICSE como perito en el tema, confirmó que, a mayor costo, menos clientes. Sin embargo, añadió otro factor, la inestabilidad en el sistema eléctrico, lo que a su juicio juega un papel creciente en la cantidad de clientes buscando su propia fuente energética.
Esta situación se agrava aún más cuando el tiempo promedio de interrupciones del sistema eléctrico por cliente aumentó en un 18% en el año fiscal 2024, en comparación con el año fiscal anterior.
Tan reciente como el pasado 31 de diciembre, se experimentó un apagón a nivel Isla que dejó a más de 1.4 millones de clientes sin servicio, y que se estima causó pérdidas millonarias a la economía del País.
“Es importante finalizar el proceso (de quiebra), pero también es fundamental cómo se financia el proceso. Lo que en realidad es importante es estabilizar el sistema. Hay fondos por ahí de FEMA, del Departamento de Vivienda Federal y del Departamento de Energía Federal, para los que no es necesario que finalice el proceso (de quiebra) y se utilicen efectivamente. Yo creo que eso es muchísimo más urgente”, indicó Cao.
Sin embargo, no le quitó importancia al cierre del capítulo de la quiebra, ya que “hasta que no se finalice el proceso no tenemos esperanza. Y subrayo la palabra esperanza, porque no hay ninguna certeza de que la Autoridad pueda ir luego al mercado de bonos para financiar las inversiones que tiene que hacer, y que no están incluidas en los fondos federales”, puntualizó el economista. Fuente: El Vocero.