Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza. Los fiscales federales dicen que traficó toneladas de cocaína. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones por malversación y la ONU lo acusa de aterrorizar a sus oponentes.
Sin embargo, un extenso currículum de presuntos delitos no ha impedido que Diosdado Cabello, un ministro venezolano de alto rango, trabaje en estrecha colaboración con altos funcionarios estadounidenses, una relación que se ha vuelto más pública después de dos grandes terremotos.
Un veterano diplomático estadounidense le estrechó la mano a Cabello y le dio unas palmadas en el hombro en un evento público este mes. Generales estadounidenses se sentaron frente a él en una reunión al día siguiente, y fueron fotografiados riéndose con él antes de que comenzara el encuentro.
La repentina transformación de Cabello, de ser un objetivo principal de Estados Unidos a un socio tolerado, e incluso aceptado, ha sido posiblemente el resultado más inesperado de la intervención militar que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump en Venezuela en enero.
Para los partidarios de la política estadounidense, el acuerdo con Cabello es una concesión pragmática para lograr una mayor estabilidad en Venezuela. Para los opositores del presidente Trump, la perdurable prominencia de Cabello en el poder es el ejemplo más evidente de la traición del gobierno al anhelo de cambio político del pueblo venezolano.
La incursión de las Fuerzas Especiales estadounidenses en enero que derrocó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convirtió al país en un protectorado estadounidense de facto.
Para controlar Venezuela, el gobierno de Trump ha optado por trabajar con funcionarios del régimen autocrático de Maduro en lugar de con la oposición que impulsa la democracia. Como resultado, muchos de los ejecutores más infames del aparato represivo del líder caído han sido reintegrados en un nuevo gobierno patrocinado por Estados Unidos.
Los dos terremotos consecutivos que devastaron Venezuela el mes pasado solo han profundizado la cooperación del gobierno de Trump con el círculo íntimo de Maduro.
Funcionarios estadounidenses han declarado su apoyo irrestricto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y han enviado de urgencia ayuda y cientos de soldados para asistir en las labores de rescate y reconstrucción.
En la práctica, esto ha generado una dinámica discordante: a muchos funcionarios venezolanos que a diario están en contacto con sus homólogos estadounidenses los busca Estados Unidos en virtud de cargos penales, o tienen prohibido hacer negocios con estadounidenses.
En algunos casos, los funcionarios del gobierno de Trump ahora colaboran con venezolanos que han sido blanco de otros funcionarios de Trump durante el mandato actual o el anterior del presidente estadounidense.
Tomemos el caso de Cabello, miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha gobernado el país durante las últimas tres décadas. Considerado ampliamente como uno de los hombres más poderosos de Venezuela, Cabello mantuvo su puesto como ministro del Interior del país después de la incursión estadounidense. Desde entonces, ha asumido su nuevo papel como promotor de los intereses estadounidenses.
Pero Cabello también ha sido acusado en un caso de narcotráfico que fiscales estadounidenses presentaron contra Maduro, quien espera ser enjuiciado en una cárcel de Brooklyn. Una acusación formal dice que Cabello “trabajó con otros miembros del régimen venezolano para coordinar el envío” de 5,5 toneladas de cocaína desde Venezuela.
Por separado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a Cabello por corrupción durante el primer mandato de Trump. La ONU lo ha acusado de ser uno de los líderes del aparato represivo de Venezuela.
Además, el gobierno de Chile acusa a Cabello de ordenar el asesinato en 2024 de un disidente venezolano exiliado en Santiago, la capital chilena. El fiscal chileno que lidera el caso, Héctor Barros, dijo en un comunicado que su oficina busca llevar a Cabello ante la justicia, pero agregó que el caso se complica por las restricciones de extradición de Venezuela.
Un portavoz de Cabello no respondió a las solicitudes de comentarios.
El Departamento de Estado actualmente incluye a Cabello en la lista de criminales “buscados” y ofrece 25 millones de dólares “por información que conduzca al arresto y/o condena”.
Sin embargo, Cabello está involucrado de manera destacada en la respuesta del gobierno venezolano a los terremotos junto con Estados Unidos.
Este mes, recorrió una zona de desastre con John Barrett, el jefe de la embajada de EE. UU. en Venezuela. Un video publicado por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que había ayudado en las labores de rescate, mostraba a Barrett estrechándole la mano a Cabello y dándole unas palmadas en el hombro.
Barrett evadió la pregunta cuando se le consultó en una conferencia de prensa si la recompensa por Cabello seguía vigente.
Al secretario de Estado, Marco Rubio, se le hizo la misma pregunta durante una conferencia de prensa en mayo y dijo: “La política de Estados Unidos sobre este tema no ha cambiado”.
El Departamento de Estado no ofreció comentarios oficiales.
Cabello es solo uno de varios altos funcionarios venezolanos que han sido acusados por Estados Unidos de delitos o violaciones a los derechos humanos.
El ministro de Defensa del país, el general Gustavo González López, quien fue designado para su cargo este año con la bendición de Washington, fue sancionado por Estados Unidos en 2015 por reprimir protestas.
Y este mes, un periodista de The New York Times vio a un alto oficial de contrainteligencia venezolano, el coronel Alexander Granko, de pie dentro de la zona de seguridad del aeropuerto principal del país, observando a los helicópteros militares estadounidenses despegar a unos cientos de pies de distancia. No está claro qué cargo formal ocupa, si es que tiene alguno, en el gobierno actual.
El primer gobierno de Trump impuso sanciones a Granko por “abusos sistémicos a los derechos humanos y represión de la disidencia”. La ONU y numerosos grupos de derechos humanos lo han acusado de tortura.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios sobre González López y Granko. Seguir leyendo: The New York Times