El comité de transición entrante de Jenniffer González Colón fustigó ayer a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, por tener a la agencia encargada de las cárceles en un estado de «manga por hombro».
La jefa del DCR fue cuestionada en prácticamente todas las áreas administrativas, de rendición de cuentas y aplicación de medidas correctivas dentro de la agencia, el caso de Hermes Ávila y la poca transparencia que han demostrado y el uso de fondos federales en operaciones diarias.
Según un comunicado de prensa luego de la ponencia de Escobar Pabón y la ronda de preguntas, el grupo de González Colón detalló «retrasos» en la radicación de informes, la «manera descuidada» en la administración de fondos, cuestionables contratos, muertes que «se pudieron haber evitado» y la «falta de estadísticas».
Por otro lado, criticaron que Escobar Pabón haya alegado haber cumplido 100% con los informes estadísticos del DCR cuando hau más de 10 informes atrasados. Según el comité de González Colón, estos son: perfil del confinado (radicado en 2019), perfil de menores (2016), perfil de mujeres (2015), fugas y capturas de confinados (2018), detección de drogas (2017), maltrato a menores en los centros (2022), muertes de confinados (2021), medidas disciplinarias a los confinados (no hay en todo el cuatrienio), registro e incautaciones (no hay en todo el cuatrienio), reincidentes (no hay en todo el cuatrienio) y muertes por fentanilo (2021).
«Son las 4:46 p.m. (de ayer) y todavía no ha llegado ninguno de los informes. El Comité de Víctimas de Delitos no está constituido. Para los aumentos a los oficiales correccionales se usaron fondos federales ARPA, que expiran en diciembre de 2024, y la agencia dice que se los pedirá al gobierno central, mientras que la Junta de Control dijo que usar los fondos ARPA para cubrir áreas que necesitan recurrencia constante es un peligro. Se supone que el departamento sea para rehabilitar, pero los procesos son pocos o lentos», fueron algunos de los señalamientos que hizo el presidente del comité de transición entrante y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.
El licenciado Jorge Colberg, por su parte, opinó que el DCR necesita cambios dramáticos profundos, y que «está manga por hombro». Asimismo, añadió que sin la información vital que no ofrece Corrección la administración entrante va a entrar «a ciegas», y cuestionó que la secretaria se adjudique como uno de sus logros su trabajo en el área de rehabilitación cuando «no hay estadísticas» para poder sustentar algún plan de trabajo.
Entretanto, el catedrático César Alvarado dijo que es «inaceptable que en el proceso de investigaciones se digan que los confinados manipulan los hechos. Tenemos que estas personas le han fallado a la sociedad y ya están cumpliendo sentencia en los distintos penales y hay que tener mucha sensibilidad con esto que son vidas».
Asimismo, levantó banderas por el contrato 2005-047, por el cual el DCR le está pagando $1.3 millones a una compañía de seguridad para una instalación en Salinas, la cual está vacía desde julio debido a un acuerdo de transferencia de confinados con los U.S. Marshals. Este contrato está vigente desde agosto.
Por su parte, a la exfiscal Janet Parra le sorprendió escuchar hoy a la secretaria decir que no han tomado acciones correctivas con relación al caso de Hermes Ávila Vázquez ya que, a pesar de los hallazgos, no se ha cancelado el contrato de Physician Correctional u otro servicio, ni supuestamente se ha destituido a nadie.
Finalmente, la licenciada Verónica Ferraiuoli se enfocó en el área de salud correccional y adicciones adentro de las cárceles. Se informó que hay 67 personas fallecidas por opioides, pero aparentemente no hay un plan para manejar la crisis. Por la misma línea, y contrario al último estándar de la Comisión Nacional de Salud Correccional (NCCHC, en inglés), se reveló que los confinados no cuentan, individualmente, con el medicamento para combatir sobredosis de opioides Narcan, y que el DCR no ha recomendado hacerlo así porque supuestamente podrían usarlo incorrectamente.
Se espera que las vistas de transición continúen hoy con la participación del Departamento de Justicia. Fuente: Wapa.