En el periodo de octubre del 2024 a octubre del 2025, unas 6,938 querellas fueron presentadas ante la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada (OPEA) por los delitos de maltrato y otros crímenes contra envejecientes.
Entre los delitos de mayor incidencia se destacan: 1,911 por explotación financiera, 621 por apropiación ilegal, 131 por fraude, 103 por amenazas, 76 por agresión, entre otros. En el caso del maltrato, también se recibieron 1,586 querellas por negligencia y 914 por negligencia y otras 724 por abuso emocional.
Durante todo el 2025, el Departamento de Justicia (DJ) atendió en las 13 fiscalías a través de la isla unos 825 casos de adultos mayores, incluyendo bajo investigación y radicados. El delito que más imperó fue el de maltrato a personas de edad avanzada.
Las zonas con mayor incidencia en este tipo de crímenes el pasado año fiscal fueron las regiones de Bayamón, Aguadilla, Ponce y San Juan con 400 casos; de esos se lograron 195 convicciones y se informó que el restante está en etapa investigativa o en otra parte del proceso judicial.
Ante este panorama, y teniendo en cuenta que, según la actualización del Censo, en Puerto Rico hay 1,200,000 personas de 60 años o más, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de Edad Avanzada (OPEA) firmaron ayer un acuerdo para garantizar de manera ágil, efectiva y en un solo lugar los servicios dirigidos a la población de adultos mayores que han sido víctimas del delito.
“Este acuerdo nos permite acercar los servicios directamente a las fiscalías, agilizar la respuesta a las víctimas a través del trabajo interagencial y atender cada caso con la sensibilidad, el rigor y el sentido de urgencia que merece. Ningún adulto mayor estará solo en su búsqueda de justicia”, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres.
Algunos de los servicios que se proveerán son: orientación para el mejoramiento de la calidad de vida, información sobre recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con servicios de nutrición en el hogar.
“Nuestro compromiso es sumar capacidades, agilizar respuestas y estar presentes donde más se nos necesita”, expresó por su parte Yolanda Varela Rosa, procuradora de las Personas de Edad Avanzada.
Asimismo, contarán con técnicos de servicios a víctimas del Departamento de Justicia en la solicitud y acompañamiento en solicitud de órdenes de protección en tribunales o lugares en que se requiera apoyo.
Como parte de esta primera etapa, se informó que se comenzará con coordinadores en las cuatro regiones de mayor incidencia, con miras a expandir este modelo a todas las fiscalías del país. Fuente: El Vocero