El 45% de los boricuas que no tienen un hogar propio mantienen una carga económica de “excesiva” a “severa” para pagar la renta de una propiedad, ya que ese gasto se lleva de por medio sobre el 30% de los ingresos familiares.
Son los residentes de la región de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Guayama los que más afectados se ven a la hora de alquilar un hogar, debido al golpe que representa para sus finanzas tener un techo seguro.
En la región de Ponce, por ejemplo, los residentes pagan hasta el 51.8% de sus ingresos por tener un hogar.
Comprar una vivienda bajo estas circunstancias también se ve más lejano.
El precio promedio de una vivienda para el verano de 2025 era de $300,600, que no está dentro del rango de vivienda asequible para gran parte de los boricuas. Mucho menos si se busca en la zona de San Juan, donde un apartamento puede costar $629,000.
La radiografía, que promedia el pago de renta en $578 mensuales para toda la Isla, aunque destaca que en la zona metropolitana los alquileres están a precios entre de $1,750 a $3,000, se dio a conocer durante una mesa redonda que realizó el senador Carmelo Ríos en el Capitolio para discutir el aumento en el costo de alquiler de viviendas y evaluar posibles alternativas para atender la disponibilidad de viviendas asequibles en Puerto Rico.
La presentación también identificó un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, 33,000 unidades disponibles en alquileres a corto plazo o vacacionales, así como 335,862 unidades de vivienda vacantes en la Isla por problemas de herencia, dueños ausentes o necesidad de reparaciones.
Todos estos números, según reconocieron los participantes de la mesa redonda, entre los que se destacó el secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, denota que hay una marcada falta de hogares, que impacta principalmente a aquel sector trabajador que no cualifica para ayudas federales y que su sueldo no le da para mantener una vivienda para su familia.
El total de los boricuas impactados por el elevado costo de las rentas y la vivienda en la Isla no se proveyó. Se destacó que, al menos, en el año fiscal 2024-2025 se radicaron unas 6,392 demandas de desahucio contra familias que no podían pagar sus rentas y que había una deficiencia de 54,915 viviendas asequibles. Además, se informó que hay unas 20,142 familias en lista de espera para obtener un hogar a través de la Administración de Vivienda Pública.
El consenso, como medida principal para resolver el problema de falta de casas en la Isla, es que hay que requerir al gobierno de Estados Unidos que aumente los límites de ingresos de personas que puedan beneficiarse de Sección 8 y de otras ayudas para adquirir un hogar o arrendarlo.
El portavoz de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano, expuso que la exigencia no sería descabellada, ya que las Islas Vírgenes tienen un límite de ingresos que es el doble del que se fijó para la Isla.
El secretario de la Vivienda lo reconoció.
Afirmó que “la realidad es que los costos están por las nubes. Esa es la realidad. Es un asunto que claramente hemos tenido conversaciones y que vamos encaminados a movernos en esa dirección. Pero, es un asunto que tenemos que tomar en consideración claramente, porque los límites actuales no van atados a la realidad y todos nosotros lo sabemos. Estamos en un terreno fértil para poder ejecutar, porque creo que estamos todos en la misma página”.
El problema es que el Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos (HUD, en inglés) ya notificó que se cambiarán los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler del Programa de Sección 8 y los disminuirán del 120% al 110%. El cambio iniciaría en el 2027, dijo Rosario.
De inmediato, señaló que se han opuesto, ya que puede generar repercusiones tanto en el participante como en los propietarios de la vivienda rentada. Seguir leyendo: Primera Hora