Andrea Garza afirma que no es inusual ni alarmante que se vea a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cerca de una escuela en Laredo, Texas, una ciudad fronteriza.
En otras partes del país, «ver la presencia de la patrulla fronteriza sería, ya sabes, diferente, tal vez impactante. Algo de otro mundo, ¿verdad?», dijo. «Aquí es algo muy normal».
Garza es directora escolar del Distrito Escolar Independiente Unido, que presta sus servicios a Laredo. Datos federales muestran que el 94% de la comunidad de su distrito es hispana. Garza comentó que algunas familias han vivido en Laredo durante generaciones, mientras que otras llegaron más recientemente, y que el gobierno federal es uno de los mayores empleadores de la zona.
Dijo que sabe lo que haría si el ICE llamara a su puerta: si no tienen una orden judicial o una citación, no entran.
«Actuamos ‘in loco parentis’ en nombre de los estudiantes», dijo, lo que significa «en lugar de un padre» cuando se cuestionan los derechos de los estudiantes.
«No lo interpretamos como una injerencia en la ley», explicó Garza. «Se trata más bien de verificar que todos cumplimos con la ley».
La ley estatal de Texas prohíbe que las entidades locales, incluida la policía universitaria, obstaculicen la labor de las autoridades federales de inmigración. Sin embargo, NPR no encontró ninguna ley estatal que aborde directamente el grado de acceso que estos agentes deberían tener en las escuelas públicas de primaria y secundaria.
Y no se trata solo de Texas. Muchos estados carecen de políticas claras que regulen cómo deberían ser estas interacciones. Los recientes cambios federales no han ayudado.
Al comienzo del segundo mandato del presidente Trump, la administración derogó una política que protegía a las escuelas, entre otros lugares «sensibles», de la aplicación de la ley en materia de inmigración.
«Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados», decía en aquel momento un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. «La administración Trump no limitará la labor de nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que actúen con sentido común».
En algunos lugares, directores de centros educativos e investigadores afirman que las políticas migratorias de Trump han provocado una disminución de la matrícula escolar.
El DHS, que alberga al ICE, ha declarado que el ICE no realiza redadas ni ataca escuelas .
Sin embargo, según informes de K-12 Dive, durante el último año académico se registraron varios incidentes con agentes del ICE en las instalaciones escolares . Cuando esto sucede, los responsables educativos suelen recurrir a un conjunto heterogéneo de políticas estatales y distritales para saber qué hacer.
Este año, muchas legislaturas estatales intentaron actualizar esas políticas.
Un análisis de NPR reveló que, en lo que va del año, al menos 23 estados han considerado nuevas propuestas legislativas —en algunos casos, varias propuestas— que regulan a los agentes federales de inmigración y las escuelas públicas de primaria y secundaria.
La gran mayoría de las propuestas estatales revisadas por NPR (35 de 40) buscaban limitar el acceso de los agentes federales a los centros educativos de primaria y secundaria y a los estudiantes; solo una propuesta, en Mississippi, buscaba garantizar que las escuelas cooperaran con ICE. El resto no limitaba ni aumentaba explícitamente el acceso ni la cooperación.
Thomas Saenz es presidente y asesor jurídico del Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educativa, una organización que defiende a los latinos que viven en Estados Unidos. Dijo que la eliminación de la política federal sobre lugares sensibles probablemente esté impulsando a muchos estados a establecer sus propias protecciones, «como se suele decir, para ir sobre seguro».
Si bien los legisladores parecen coincidir en la necesidad de políticas más claras, en muchos lugares han tenido dificultades para llegar a un consenso sobre cuáles deberían ser esas políticas. De las 40 propuestas que revisó NPR, solo 11 se convirtieron en leyes al comienzo de este año escolar.
Minnesota, Arizona, Delaware, Georgia, Maine y Nebraska se encuentran entre las legislaturas estatales que consideraron restringir el acceso del ICE a las escuelas.
Varias de estas propuestas especificaban la necesidad de una orden judicial. Otras buscaban restringir las funciones de la policía escolar y de los agentes de seguridad escolar, incluso en lo que respecta a arrestos relacionados con la inmigración.
En el otro extremo del espectro, Mississippi consideró y aprobó una ley que exige a las entidades gubernamentales, incluidos los distritos escolares, cooperar con las autoridades federales de inmigración. Seguir leyendo: NPR