La ACLU ha presentado una demanda colectiva federal en nombre de los inmigrantes que están detenidos por agentes de ICE y a quienes se les niegan audiencias de fianza, en contravención del derecho constitucional y estatutario, según una copia de la denuncia.
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han estado alterando e ignorando décadas de leyes federales de inmigración al clasificar erróneamente de manera regular a inmigrantes en todo el país y colocándolos en detención obligatoria sin concederles audiencias de fianza, según la denuncia de 19 páginas, que se presentó en Boston el lunes.
Si esta práctica ilegal no termina, “a miles de personas en Massachusetts se les negará el debido proceso”, afirma la demanda.
“Una audiencia de fianza con fuertes protecciones procesales no es una mera gracia regulatoria; es el requisito básico del debido proceso para los detenidos [por inmigración]”, afirma la denuncia.
La ACLU de Massachusetts presentó la demanda civil ante la ACLU de New Hampshire y Maine, así como ante el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, el Programa Clínico de Inmigración y Refugiados de Harvard y dos bufetes de abogados con sede en Boston.
La administración Trump está ignorando los derechos de inmigración consagrados en la ley y “encarcelando a personas arbitrariamente sin una audiencia”, dijo Daniel McFadden, abogado gerente de la ACLU de Massachusetts, en un comunicado.
La demanda colectiva fue presentada a nombre de José Arnulfo Guerrero Orellana, un inmigrante que ha estado viviendo en Estados Unidos durante más de una década y fue arrestado en Massachusetts el 18 de septiembre cuando el vehículo en el que viajaba fue detenido, según la denuncia.
Orellana, un padre casado de una niña que es ciudadano estadounidense, no tiene antecedentes penales y no fue objeto de la parada de tráfico, sin embargo, ha estado detenido desde su arresto y no se le ha concedido una audiencia de fianza, según la demanda.
Orellana busca una audiencia de fianza para que un juez de inmigración pueda determinar si su detención está justificada para proteger a la comunidad o asegurar su comparecencia ante el tribunal, según la denuncia.
La ley de inmigración establecida en 1996 garantiza que las personas arrestadas y detenidas por violaciones civiles de inmigración y colocadas en procedimientos de deportación tienen derecho a audiencias de fianza, independientemente de que hayan ingresado al país legalmente o no.
Pero el 8 de julio, un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas declaró que millones de inmigrantes indocumentados no eran elegibles para audiencias de fianza.
Si bien los inmigrantes que no han cometido un delito generalmente son liberados bajo fianza mientras sus casos avanzan en el tribunal de inmigración, el memorando ordenó a los oficiales de ICE detener a las personas que ingresaron al país sin permiso durante la duración de sus procedimientos de deportación.
Y luego, el 5 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que “pretende exigir a todos los jueces de inmigración que clasifiquen erróneamente a las personas de esta manera”, dice la demanda.
“Todas las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso, sin excepción”, declaró McFadden en el comunicado. “Cuando el gobierno arresta a cualquier persona dentro de Estados Unidos, debe demostrar ante un juez que existe una razón real para su detención”.
Max Brooks, abogado de inmigración de la ACLU de Maine, dijo en la declaración que “millones de personas que han estado esperando su día en la corte ahora corren el riesgo de ser encarceladas indefinidamente por violaciones civiles”. Fuente: The Boston Globe